Teniendo presente hechos de la contingencia nacional, un grupo transversal de legisladores, encabezados por la diputada Marcela Hernando (PRSD), presentó una moción que modifica la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, determinando un nuevo plazo para la prescripción de las infracciones que se contemplan en este ámbito.
El proyecto, enviado a discusión a la Comisión de Medio Ambiente, fue ingresado el jueves 14 de enero por la diputada Hernando, junto a sus compañeros de partido Marcos Espinosa, Carlos Abel Jarpa, Fernando Meza y Alberto Robles, y a los diputados DC Claudio Arriagada e Iván Flores; UDI Sergio Gahona; PS Daniel Melo; y RN Leopoldo Pérez.
Los legisladores resaltaron que los habitantes de Antofagasta han vivido durante décadas amenazados por la presencia permanente de minerales tóxicos y metales pesados en el medio ambiente, ya sea de orígenes naturales o antropogénicos. No obstante, acotaron, gracias a las denuncias ciudadanas y diversas organizaciones estatales y no estatales, se ha logrado mejorar las normativas y visibilizar el problema y propiciar un actuar inmediato por parte del aparato gubernamental y también del Poder Legislativo, a través una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados.
“Se logró determinar que aun cuando podemos denotar una falta de servicio generalizada por parte del Estado de Chile en la comuna de Antofagasta, por no existir una legislación actualizada y con pertinencia regional en materia ambiental, resulta ilógico hacer o buscar una responsabilidad política en particular, puesto que cada autoridad ha actuado de acuerdo a la normativa vigente en los respectivos periodos y esa misma ha permitido ir corrigiendo en forma progresiva la normativa ambiental», acotaron.
Basados en el caso de Antofagasta, sostuvieron que, por negligencia de entidades estatales, se pierde la potestad sancionatoria respecto de una infracción grave como es no cumplir con la resolución de calificación ambiental, ya que, según la legislación vigente, luego de tres años estas faltas se encontrarían prescritas. «Es por esto que se hace necesaria una legislación que responda a la realidad observada en estos últimos años en materia ambiental en dicha ciudad», sentenciaron.
