La Seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo levantó el primer catastro regional de los suelos con potencial presencia de contaminantes (SPPC). El estudio entregó una estadística sobre los sitios afectados con mayor escala y registró que las principales actividades productivas que presentan suelos posiblemente contaminados son la minería, la agricultura y sitios de disposición de residuos sólidos (vertederos).
Verónica Pinto, seremi del Medio Ambiente, explica que en el año 2014 se sistematizó la información emitida por servicios públicos y municipios, identificando 179 sitios generales, de los cuales 55 fueron priorizados, siendo las comunas de La Higuera, Andacollo e Illapel las de especial interés debido a que tales sitios están cercanos a la población, actividades agrícolas o cuerpos de agua.
La autoridad ambiental subraya que luego de la elaboración de este catastro la tarea es continuar con una segunda y tercera etapa de la investigación, que consiste en realizar una evaluación de riesgo preliminar en suelos con potencial presencia de contaminantes y elaborar una propuesta de gestión técnico-social y económica.
En términos simples, esto quiere decir que se tomarían muestras, por ejemplo, de los relaves para determinar la composición química de estos y a partir de esta información se pueda determinar cómo estos componentes afectan a la salud de la población y así determinar cuáles SPPC deben ser priorizados. “Es fundamental poder tener este análisis para determinar cuáles sitios deben ser tratados con urgencia”, puntualiza Pinto.
“Esta propuesta la hemos presentado al Consejo Regional, ya que será postulada al FNDR 2016. El Ministerio del Medio Ambiente busca aunar esfuerzos con el Gobierno Regional para que se priorice por la importancia que esto tiene sobre la calidad de vida de las personas, como por ejemplo con los relaves, con el fin de generar una estrategia que permita implementar medidas de control y alternativas de remediación ambientales”, enfatiza la seremi.
Verónica Pinto asevera que la idea es replicar lo que se realizó en la Región de Antofagasta, donde el CORE aprobó financiar la etapa de evaluación de riesgo. “Es fundamental que en las regiones donde tengamos problemas de sitios potencialmente contaminantes, principalmente en relación a relaves, se tomen acciones a nivel regional para dar soluciones concretas y responsables”, subraya.
