A propósito de los derrames de concentrado de cobre (no relaves) registrados en las instalaciones de las empresas Codelco y AngloAmerican, el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, y el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, sostuvieron una reunión para analizar la institucionalidad fiscalizadora en materia de minería, ocasión en la cual concordaron sobre el vacío de facultades del Estado para realizar seguimiento ambiental a los procesos mineros, especialmente cuando los proyectos ya están en fase de explotación y producción. El diputado Núñez afirmó que “como Cámara estamos interesados en llamar la atención sobre cada incidente concreto porque pone a prueba la institucionalidad y sirve para determinar cuáles son las carencias para de ese modo dar espacio al levantamiento de nuevas iniciativas legislativas. En este sentido, los derrames de pulpa de mineral desde tuberías de transporte han evidenciado cierto déficit institucional muy específico, relacionado con la fiscalización ambiental de los procesos mineros”.
La autoridad parlamentaria especificó que “vemos que la reforma ambiental de 2010 (ley Ley 20.417) creó y dotó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de atribuciones preferentemente concentradas en la fase de construcción de los proyectos de inversión, y sobre esa base las fiscalizaciones apuntan al seguimiento de los compromisos ambientales que se desprenden de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), principalmente de proyectos nuevos, compromisos que abordan especialmente la etapa de construcción pero de manera muy somera la operación y el proceso de la minero.
Núñez indicó que “en casos de incidentes se actúa bajo la tipificación de “impacto no previsto”, pero como estos incidentes no se enmarcan en compromisos de las RCA, no son fiscalizables por la SMA. A eso se agrega que la SMA sólo puede actuar si existe Resolución de Calificación Ambiental (RCA), condición que suele no cumplirse si es que la instalación minera es anterior a la creación del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) o sobre todo si se trata de una instalación bajo el rótulo de Pequeña Minería».
El parlamentario señaló que la necesidad de nuevas facultades no sólo abarcaría el seguimiento ambiental sobre las cañerías mineras, sino también relaves, piscinas de emergencia, transporte de mineral, etc.
Al respecto, el director nacional del Sernageomin, Rodrigo Álvarez Seguel, comentó que “es muy positivo que la Cámara de Diputados tenga apertura para analizar el funcionamiento y vigencia de toda la institucionalidad fiscalizadora de la minería. Hay un consenso técnico de que se requieren competencias ambientales adicionales, porque el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se centra mayoritariamente en los compromisos ambientales durante la construcción, pero muy pocos para la operación y menos aún para los incidentes durante el proceso minero”.
