La segunda vuelta de las elecciones a gobernadores que comenzaron en octubre se realizarán este domingo 24 de noviembre, donde la ciudadanía deberá escoger a los gobernadores regionales que regirán durante el periodo 2024-2028, rol que además, asumen la presidencia de los Comités Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC) y por ende, las sesiones sobre peticiones de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) de la Ley Lafkenche.
Los gobernadores regionales y los CRUBC
Era junio del 2022 y se efectuaba el traspaso de la presidencia del Comité Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) a las y los gobernadores regionales, dando inicio al histórico proceso de traspaso de competencias.
Hasta ese momento, el CRUBC dependía operativa y funcionalmente del Gobierno Regional, a través del intendente, anterior autoridad subnacional que la presidía, pero ante la desaparición de esta figura, se traspasó esta competencia al gobernador regional, quien es actualmente la máxima autoridad del territorio, elegida democráticamente, según versa la ley del país.
Las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero nacieron en 1997, teniendo como finalidad, entre otras tareas, elaborar y proponer acciones para impulsar la Política Nacional de Uso del Borde Costero en cada región del país, y formular proposiciones, sugerencias y opiniones a las autoridades regionales encargadas de estudiar y aprobar los diversos Planes Comunales e Intercomunales.
El pronunciamiento del CRUBC recae sobre proyectos de inversión regionales, ya sean pesqueros, mineros, turísticos, o de otra naturaleza. Asimismo, la CRUBC debe pronunciarse sobre los bienes comprendidos en el borde costero que son susceptibles de ser declarados Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), aprobando, rechazando o proponiendo modificaciones fundadas.
Las CRUBC están conformadas por el gobernador regional (presidente); delegado(a) presidencial regional; delegados(as) presidenciales provinciales de Osorno, Chiloé y Palena; seremías con competencia en la materia; jefes y directores de servicios con competencia en la materias; representantes de la zona naval; gobernadores marítimos; dos representantes del Consejo Regional; alcaldes de las comunas de la región con borde costero; en el caso de la Región de Los Lagos, dos representantes del sector Acuícola Salmonicultura; representantes de sector Acuícola Mitilicultor; dos Representantes de Sector Turismo; representantes del sector Marítimo Portuario; dos Representantes de la pesca artesanal; representante de los pueblos originarios de las provincias de Llanquihue y Osorno y de las provincias de Chiloé y Palena.
¿Quiénes son los candidatos a gobernadores en la Región de Los Lagos?
Los dos candidatos a gobernadores que pasaron a segunda vuelta tienen una particularidad, ya que ambos pertenecen al mismo sector político, la derecha. Se trata de Alejandro Santana Tirachini, Renovación Nacional, pacto Chile Vamos; y, Claudia Reyes Larenas, Partido Republicano, pacto Republicanos e Independientes.
Son 30 las comunas donde los habitantes decidirán al nuevo Gobernador en la Región de Los Lagos, donde una mayoría está vinculada al borde costero con una importante población de pueblos originarios: Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quemchi, Quellón, Quinchao, Calbuco, Cochamó, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Maullín, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué y Palena.
Ley lafkenche y la postura de los candidatos
La Ley Lafkenche fue aprobada en 2008 tras un arduo proceso de lucha y diálogo de las comunidades, norma que resguarda los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios en el borde costero, permitiendo la administración sostenible e inclusiva de estos territorios por parte de las comunidades indígenas.
A pesar de intentos por modificar, la ley sigue siendo un pilar en la defensa de la cultura y el maritorio de los pueblos originarios, con un enfoque en la equidad y la responsabilidad transgeneracional, sin embargo, en este último tiempo, sectores políticos y empresariales han levantado una campaña con diversas aristas: Por un lado, bloquear solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y por otro, promover modificaciones sustanciales de la ley.
En el caso de los candidatos a gobernadores en la Región de Los Lagos, ambos: Alejandro Santana Tirachini y, Claudia Reyes Larenas, han sido críticos y parte de esa campaña contra la Ley Lafkenche.
Reyes, en declaraciones durante su campaña electoral, ha manifestado: “La Ley Lafkenche: Un obstáculo para el desarrollo de nuestra región. Como gobernadora, me comprometo a presidir la comisión regional del uso del borde costero, con el objetivo de acelerar las solicitudes y promover cambios necesarios a esta ley. Es fundamental que impulsemos un marco que permita el desarrollo de nuestra región, sin dejar de lado la protección de nuestras tradiciones y recursos”.
Por su parte, Alejandro Santana, ya en el año 2017, siendo diputado RN, evidenciaba una postura contra la Ley, indicando que la aplicación de esta ley amenaza una actividad estratégica, como la acuícola, y “atenta contra la certidumbre, que congela la actividad presente y futura (…) “Cada requerimiento tiene que ir acompañado de un proyecto, de una propuesta fundamentada, con plazos para que se cumpla el objetivo de la concesión. Definir espacios, tamaños y condicionarlos”.
¿Qué dicen las comunidades?
Comunidades vienen reiterando en diversos escenarios, que ir contra la Ley Lafkenche es ir contra los derechos indígenas. En febrero de este año, comunidades costeras de Arauco a Palena se reunieron en Hualpin para analizar la situación de la Ley N°20.249, reafirmando que: “La Ley Lafkenche crea los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO). Se trata de una forma de reconocimiento y protección de los derechos territoriales sobre el borde costero, ante las vulneraciones de la Ley General de Pesca a los ecosistemas y la omisión en el ordenamiento jurídico de la relación de las comunidades con recursos fundamentales para su subsistencia”.
También indicaron frente a las acciones contra la Ley: “manifestamos un rechazo rotundo al intento de modificación, denunciando la ausencia de instancias de diálogo y entendimiento, y comparando la iniciativa a una continuidad histórica del Estado en la vulneración de los derechos indígena y el despojo territorial y cultural”.
En mayo de este 2024, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar emitió una declaración pública respaldada por más de 80 comunidades y organizaciones, denunciando las «campañas de desinformación y mensajes racistas» en contra de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Las comunidades reafirman su «legítimo derecho a solicitar ECMPO» según la ley 20.249, conocida como ley lafkenche, enfatizando que estos espacios se gestionan respetando los derechos ya constituidos. La red destaca que los ECMPO buscan el «resguardo y protección de los espacios costeros-marinos a través de nuestros usos consuetudinarios».
En agosto, más de 50 representantes de comunidades de las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena se reunieron en Chonchi, defensa de la Ley Lafkenche y sus derechos, reafirmando el compromiso con la protección de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), subrayando la importancia de que el Estado de Chile respete los derechos garantizados a los pueblos originarios a través de la CRUBC.
En octubre de este año, el representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con representaciones de comunidades Mapuche – Lafkenche, quienes manifestaron su preocupación por la posible modificación de una ley que garantiza la preservación de la cosmovisión de los Pueblos Indígenas y de sus prácticas ancestrales respecto del espacio marino costero.
Las comunidades han manifestado sobre las dificultades en la implementación de Ley, como la excesiva demora en la resolución de las solicitudes de espacios costeros, sin embargo, se ha enfatizado que estas se deben principalmente a insuficientes recursos humanos y técnicos, y no al espíritu de la normativa, es decir, a problemas administrativos y no legislativos.