El anuncio del Gobierno de tipificar el delito ambiental fue destacado por parte de especialistas del sector, quienes apuntan a que, con medidas como estas, se pone a Chile al nivel de los países desarrollados.
El exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, sostiene que todo este proceso nace desde una recomendación que realizó la OCDE en 2016 en el marco de una evaluación ambiental. «Ese es el inicio y se comienza a hablar sobre tipificar el delito ambiental. Esto ya se aplica en muchos países, fundamentalmente de la OCDE, en el que en caso de verificarse un daño ambiental significativo, que es el concepto que usa el proyecto de ley, se estipulan penas de cárcel», aseguró. Y agregó: «Con esto nos ponemos a la par de aquellos países que tienen institucionalidad ambiental más desarrollada».
Asimismo, subrayó la importancia de que se pusiera en marcha de una iniciativa como esta para ganar tiempo, formulando una ley especial en vez de esperar la reforma del Código Penal, proceso que podría tardar mucho más tiempo.
De todos modos, el ex ministro Badenier explicó que «la tipificación del delito ambiental existe, pero está dispersa en varias leyes, como en la Ley REP, la de Monumentos Nacionales, la de la CCHEN, pero de manera muy específica. Lo que hace esta legislación es incorporar una figura amplia, que a la vez permite probar hipótesis más amplias».
En tanto, el abogado socio del estudio Guerrero&Olivos, Clemente Pérez, apuntó a que han sido hasta cinco las iniciativas parlamentarias anteriores en las que se ha intentado impulsar estos cambios.
«Este es un proyecto muy necesario para evitar daños graves al medio ambiente y para generar prevención a nivel individual y colectivo. Lo importante es que esto es un proceso serio, porque solo puede ser perseguido por la SMA y acreditarlo ante los tribunales, ya que a veces el tema ambiental se presta para abusos», aseguró.
Pérez precisó que el mensaje para las empresas que aún no lo tienen es que incorporen mecanismos de prevención del delito ambiental. «La gracia es que esto pueda alterar el peso de la prueba, demostrando que la compañía tomó las medidas correctas y si es así, se persigue la responsabilidad individual», explicó.
Sin embargo, el exfiscal de la SMA, Jorge Cash, fue crítico respecto de que no existen mayores recursos para la superintendencia y que además «se desvirtúa la naturaleza jurídica para la que fue creada y eventualmente se crea un incentivo perverso de ejercer la acción penal en desmedro de la fiscalización de la RCA y, al mismo tiempo, redunda en una fiscalización menos rigurosa. Hay que tener cuidado en no perder el foco en la restauración de los daños», remató.
