La Municipalidad de Viña del Mar decretó la postergación por tres meses de los permisos de edificación para nuevos proyectos, loteos, subdivisiones y urbanizaciones en el área de las dunas de Reñaca, la cual regirá mientras se desarrolla y concluye el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal, considerado el primer paso para extender esta medida de forma permanente.
Esta modificación se encuentra en curso y responde a los eventos registrados en 2023, cuando sistemas frontales causaron socavones que obligaron a evacuar edificios emplazados en estas dunas. Concretamente, según se informó, la medida beneficia al área adyacente al Santuario de la Naturaleza Campo Dunar Punta de Concón, sector que se denomina técnicamente como zona V3.
Este campo dunar es único en Chile, conformado por antiguas dunas colgadas que descansan sobre una terraza marina y que ya no tienen interacción directa con el mar. Como hemos visto desde el primer socavón que afectó al edificio Kandinsky, y el más reciente durante este año en el edificio Euromarina 2, el sistema soporta estos niveles de urbanización, con edificios de hasta 18 pisos que no son aptos para sistemas frágiles como un campo dunar.
Las dunas vivas se mueven e interactúan con playas y desembocaduras de ríos, como parte de un proceso natural que retroalimenta todos estos paisajes costeros. Pero la urbanización descontrolada y actividades productivas, en muchos casos interrumpen estos procesos, causando su degradación. A esto se suma el contexto geográfico de nuestro país, localizado en un margen continental muy activo, sujeto a frecuentes terremotos.
Una investigación a propósito del socavón que afectó al edificio Kandinsky en las dunas de Concón, que realizamos el año pasado junto al académico de la Universidad del Atlántico en Colombia, Nelson Rangel Buitrago, concluyó que el rápido ritmo de desarrollo supera la capacidad de recuperación de estos ecosistemas y “desafía gravemente la resiliencia e integridad ecológica de los sistemas dunares únicos de Chile”. En este problema, agrega, incide la ausencia de un marco legislativo para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC) en Chile resulta en deficiencias de gobernanza y mayores riesgos.
Y aunque la prohibición de construir en estas dunas representa un avance, todavía se requiere una Ley de Costas que pueda garantizar la protección de otros ecosistemas costeros amenazados a lo largo de nuestras costas, incluyendo campos dunares, humedales y desembocaduras de ríos que también se ven afectados por la urbanización y que representan una primera línea de defensa contra marejadas y fenómenos climáticos extremos.
Sobre esta materia el Sexto informe del Panel Intergubernamental de la ONU para el Cambio Climático (IPCC) es claro: en su capítulo “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”, señala la urgente necesidad de adoptar soluciones basadas en la naturaleza, restaurar ecosistemas degradados, implementar estrategias de adaptación y fortalecer la gobernanza costera.
Mientras seguimos esperando en Chile por una Ley de Costas que contribuya a implementar medidas como éstas, actualmente se encuentra en su segundo trámite legislativo la propuesta sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín 8467-12), que busca fomentar la inversión en las zonas costeras (incluidos ríos y lagos navegables). Esta iniciativa legal resulta preocupante en el actual contexto climático, ya que podría dar origen a más conflictos ambientales y exposición de vidas humanas al riesgo de desastres.
Avanzar hacia regulaciones costeras sólidas, con base científica y participación ciudadana, es fundamental para construir sociedades más justas y sostenibles de cara a los escenarios adversos que nos presenta el cambio climático para las próximas décadas.
