Fue hace 12 años cuando cientos de cisnes murieron por descargas tóxicas vertidas por la empresa Arauco en el río Cruces, en Valdivia, cuando se abrió la discusión sobre la necesidad de establecer penas asociadas a cárcel por eventuales delitos ambientales por hechos como ese. En ese momento, organizaciones ciudadanas y los parlamentarios “verdes” plantearon una ley que endureciera las sanciones en este tipo de casos. El debate resurgió luego de que se discutiera la situación del relleno Santa Marta, que se incendió en enero pasado, generando una emergencia ambiental al poniente de Santiago.
El lunes, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados analizó los alcances del hecho y aprobó parte del informe final respecto de las medidas que debió haber tomado la autoridad en este caso. Los diputados cuestionaron que la Superintendencia del Medio Ambiente determinara como medida la clausura parcial del relleno, mientras se realizan las obras para evitar nuevos problemas. Además, la entidad ordenó poner en marcha un programa para el mejoramiento de sus instalaciones.
Junto con concluir que se debió aplicar la máxima sanción por este hecho, y la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Santa Marta, los congresistas aprobaron que, debido a eventos como éste, se debe impulsar la figura del delito cuando haya daños a los ecosistemas.
Entre los parlamentarios hubo acuerdo en ese punto. El presidente de la comisión, Leonardo Soto (PS), sostuvo que a las empresas se les cursan multas, “ello no es disuasivo para que las situaciones que afectan a la población, finalmente, no se repitan”.
La diputada Karla Rubilar (independiente) dijo que dados los incumplimientos reiterativos en el tiempo, “debería haber sanciones más fuertes”. Ello, pues aseveró que algunos proyectos son reiteradamente multados en el tiempo, pero que “no existe un incentivo de las empresas a cumplir. Realmente no pasa nada si se les multa solamente”.
En entrevista con este medio en febrero pasado, Cristián Franz, superintendente de Medio Ambiente, afirmó que existen conductas de algunas compañías que deberían ser “sancionadas penalmente, pues las sanciones administrativas no son suficientes”. En ese sentido, recoge la recomendación de la Ocde respecto de que Chile pueda avanzar en crear el delito ambiental, tal como lo han hecho otros países miembros.
Debate
Entre los parlamentarios hay consenso de que se debe discutir sobre cambios a la ley, pero surgen reparos en otros sectores. “Es complejo abordar esta norma, porque sólo en 2010 se reformó la institucionalidad ambiental. Hay que evaluar a la superintendencia y las sanciones existentes hoy para analizar lo otro”, planteó Rodrigo Benítez, abogado en derecho ambiental y ex subsecretario de Medio Ambiente. El lunes, la superintendencia puede cursar infracciones leves, que van desde 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir $ 540 millones, hasta incumplimientos gravísimos, los que reciben una sanción de $ 5.800 millones (multas que han sido aplicadas, entre otras, a Barrick Gold).
El Ministerio de Medio Ambiente no se pronunció sobre el tema, pero la cartera ha abordado los alcances de una eventual normativa.
Fuente: La Tercera
