Jorge Neira
Economista Agrario, U de Chile
Hoy en día, el agua, junto con la gestión de la misma, se ha transformado en uno de los principales temas de debate a nivel mundial. En términos internacionales la ONU habla de la existencia de “estrés hídrico” para muchos lugares y advierte que para el 2030 el 40% de la humanidad sufrirá carencia de este recurso, Chile no es la excepción. A lo largo del territorio nacional se abastecen, por vía marítima y terrestre (camiones aljibe, lanchas), a más de 400 mil habitantes de 130 comunas entre Coquimbo y Aysén, donde el gobierno ha realizado fuertes inversiones para lograr hacer llegar este recurso.
Además hoy se informaba en la prensa, que más de dos tercios de la superficie nacional sufre sequía.
“En el tema de gestión del agua, el modelo que utiliza Chile favorece la concentración de su propiedad en manos privadas: sector eléctrico, minero y agrícola exportador” (1). El Código de Aguas, de 1981, considera el agua como bien nacional de uso público y bien económico también.
Es decir, es patrimonio colectivo, pero su gestión y aprovechamiento está sujeto a criterios de libre mercado y normas de la propiedad privada, separando la propiedad del agua del dominio de la tierra y transfiriéndole la prerrogativa al Estado de que sea éste quien conceda los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando así origen al mercado de las aguas.
En este mismo cuerpo legal se crearon dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. La diferencia entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.
En América Latina, y durante la década de los ‘90, gobiernos neoliberales, iniciaron la privatización de las empresas sanitarias, iniciativa que en Chile tuvo su correlato durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que inició la privatización del agua potable.
En la actualidad, este proceso se encuentra prácticamente concluido, ya que el gobierno de ese entonces entre 2010 y 2013 en menos de dos años, terminó de vender la participación fiscal en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Essval, Essbio y Essal.
Esto parece indicar que no existe un consenso en cuanto a la legislación, administración y concientización sobre este bien, ya que se pierde un poco el sentido del agua como un bien fundamental para la vida y que es insustituible.
