Diputados piden que multas por infracciones ambientales sean en beneficio de localidades afectadas

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En 2013, la Superintendencia del  Medio Ambiente formuló cargos contra 70 titulares. Este año, la Central Bocamina, de Endesa Chile, fue sancionada por cerca de ocho mil unidades tributarias anuales; uno de los casos citados por los parlamentarios DC que ingresaron proyecto para que multas sean de beneficio local y no fiscal.

 

En busca de una “reparación económica, que al menos en algo contribuya a los daños que provocan los incumplimientos ambientales”, el diputado DC Marcelo Chávez, junto a sus colegas de bancada, Iván Flores, Juan Morano y Jorge Sabag, ingresaron un proyecto de ley que reemplaza el artículo 45 de la Ley N°20.417, disponiendo que las multas por infringir las disposiciones ambientales vigentes no sean de beneficio fiscal, como ocurre en la actualidad, sino local.

 

Al respecto, el diputado Chávez explicó que “hoy, entre las sanciones que puede aplicar la Superintendencia, se encuentra una multa que puede llegar hasta las diez mil Unidades Tributarias Anuales en el caso de infracciones gravísimas. Sin embargo, de acuerdo a la legislación vigente, las multas cursadas son a beneficio fiscal. A través de este proyecto, buscamos sumar a la naturaleza disuasiva de la multa, un aspecto de reparación del daño causado. Esto, a nuestro juicio, se logra en parte entregando los montos económicos derivados de las multas a los municipios de los territorios afectados por la infracción.”

 

El diputado Flores, en tanto, agregó que “lo que pedimos es justicia en esta materia. El que provoca el daño debe pagar, pero donde cometió el daño, para que al menos de alguna forma se repare el impacto provocado; es un tema esencial. De hecho, el año pasado hubo cerca de 70 cargos formulados por la Superintendencia y en muchos casos se terminó con multas, pero nada de eso llegó a las zonas afectadas”.

 

El diputado Morano, representante de Magallanes, señaló al respecto que “es de total lógica que dicha multa vaya en beneficio directo de la comunidad afectada, siendo la organización de administración pública descentralizada la llamada a administrar dichos dineros, esto es, los municipios”.

 

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