Creada en 1981 en dictadura, el Código de Aguas rige el acceso, gestión y distribución de dicho recurso en el que predomina una visión del agua como un recurso económico. Pero a más de 30 años de ese entonces el escenario cambió y hoy el país enfrenta un crítico déficit de agua que afecta al 72% del territorio nacional.
Además, sin tomar en cuenta criterios sociales o ambientales la actual norma permite que el Estado entregue derechos de aprovechamiento de aguas gratuitamente y de forma perpetua a quien los solicite.
Ese es uno de los puntos centrales de la reforma que estuvo en tramitación por cinco años y que hoy fue aprobada por 63 votos a favor en la Cámara de Diputados. Ahora el proyecto pasará al Senado para ser revisado por los parlamentarios.
La reforma establece que los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas sean temporales y otorgados como concesiones de largo plazo, con un máximo de 30 años, estableciendo causales de extinción y caducidad de estos. Esta medida rige solo para el 10% de los derechos existentes, ya que cerca del 90% de los derechos de agua ya fueron otorgados gratuitamente a privados y de forma perpetua. Y como toda ley, esta no es retroactiva.
Por otro lado, la reforma establece causales de extinción y caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas. Por ejemplo, si quien los solicitó no utiliza las aguas durante 4 años en el caso de los derechos consuntivos, como riego, u 8 años los no consuntivos, como hidroeléctricas, o bien no los quieren inscribir para burlar el pago de patentes por no uso.
Para Gloria Alvarado, presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU) se trata de una reforma que “estaba al debe” y añade: “Viene a modernizar el sistema y a corregir errores que provienen de un código antiguo, cuando había abundancia de agua y hoy el escenario ha cambiado porque hay escasez y sobreexplotación del recurso. Lo fundamental para nosotros es que se declare el recurso como un derecho humano, que se priorice el consumo humano”.
Desde una vereda diametralmente opuesta se encuentra la Multigremial y otras asociaciones de agricultores de la zona centro sur, quienes protestaron en la Ruta 5 sur debido a que lo consideran como una “expropiación encubierta”.
En esa misma línea, el diputado Ramón Barros (UDI) -quien revisó en detalle la reforma en la Comisión de Agricultura- expresa que “este proyecto no le incorpora un solo litro al sistema de riego de nuestro país” y añade que “obedece más bien a una cuestión ideológica de que el Estado haga uso de los recursos que son constitucionalmente de los agricultores”.
Fuente: El Dínamo
