Científicos sobre la carretera hídrica: “se asume que el agua del río Bíobío sobra, y eso es una falacia”

La comprensión y el cuidado de los ecosistemas son fundamentales para enfrentar y mitigar la crisis hídrica que afecta a gran parte del país. Investigadores llaman a tomar decisiones de largo plazo, basadas en la evidencia y naturaleza, como el manejo integrado de cuencas, la conservación del bosque nativo, entre otros.

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Imagen de referencia de proyecto de carretera hídrica.

Preocupación y desconcierto ha causado la posible construcción de la denominada “Carretera Hídrica”, una iniciativa que pretende transportar agua desde la Región del Bíobío hacia la zona centro y norte del país. El proyecto ingresa este martes a la oficina de concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y promete, de acuerdo a lo descrito en su página web, “solucionar el problema hídrico de muchas regiones, ciudades y comunas”, así como hacerse “cargo del cambio climático, ayudando a mitigar los efectos de éste”.

“Me parece muy difícil o imposible que un proyecto de este tipo puede hacerse cargo de un problema global y de largo plazo, como son los cambios en abastecimiento hídrico debido al cambio climático. Una solución a estos problemas requiere un enfoque adaptativo, es decir, estrategias que son basadas en el conocimiento y flexibles frente a distintos estados futuros del problema”, advierte Juan Armesto, científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y académico de la Universidad Católica.

El investigador aclara que, si bien se tiende a responsabilizar solo al cambio climático de este problema, “las crisis hídricas tienen múltiples causas, por tratarse de recursos como el agua que tienen relación con el funcionamiento de ecosistemas completos. En el caso de la zona centro, por ejemplo, el déficit hídrico en la agricultura, en un año particular, puede atribuirse a muchos factores concurrentes, como los usos competitivos del agua (industrias, agricultura, mineras, centros urbanos), falta de infraestructura, uso ineficiente del recurso, degradación de los suelos y los ecosistemas, entre otros”.

Pese a que hace un mes se reportó que la provincia de Bíobío posee entre un 20 y 25% de déficit hídrico, la iniciativa público-privada contempla una inversión, según Statista, de US$20 mil millones, que incluye una infraestructura destinada a captar, almacenar y transportar el “excedente” de agua de los ríos de la región, lo que a su vez recuerda otras afirmaciones expresadas en torno a este tema, que aseguran que el agua de los ríos “se pierde” en el mar.

Frente a esas aseveraciones, Armesto refuta categóricamente: “el agua que los ríos llevan al mar no son ‘excedentes’ sino que contienen biodiversidad y nutrientes derivados de los ecosistemas terrestres, que aportan energía a las cadenas tróficas de los sistemas acuáticos en los ríos, lagos y costas”.

En la misma línea, el investigador del IEB, Cristián Frêne, señala que “se asume que el agua del río Bíobío sobra, y eso es una falacia, porque lo que ocurre es que los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, y con esto me refiero también a los del borde costero, se van a ver afectados por una disminución importante del caudal. Ese caudal del río Bíobío que llega al mar no se pierde, sino que es fundamental para todos los procesos ecológicos que ocurren en el borde costero”.

Dicho de otra forma, el agua no se encuentra en exceso en ningún lugar del país.

Además, Frêne observa que “es una inversión demasiado costosa, que tiene un costo de operación y mantención gigante”, y que la intervención en el caudal no solo podría perjudicar a la biodiversidad y actividades socioeconómicas locales, como la pesca artesanal, sino que también podría provocar la pérdida de miles de litros de este valioso recurso, en caso de que la infraestructura sucumba ante fenómenos usuales en Chile, como sismos y terremotos.  

Armesto recalca que “en el contexto de cambio climático debemos buscar alternativas de manejo de los recursos hídricos que sean adaptativas, y que permitan satisfacer todas las demandas de la sociedad y los sistemas ecológicos de los que dependemos en el largo plazo”.

Algunas medidas de menor costo que apuntan a ello serían el remplazo de cultivos con alto consumo de agua por otros más eficientes que requieran menor cantidad; el desarrollo de variedades más eficientes de los mismos cultivos; medidas para un mejor manejo del agua en el suelo; sistemas de uso cooperativo del agua; y el reciclaje de aguas residuales mediante plantas de tratamiento o tecnologías como humedales artificiales.  

Existen ejemplos en otros lugares del mundo con aridez permanente, como el desierto del Néguev, donde se ha optado por invertir de manera local en plantas de desalinización, lo que en algunos sitios de las costas de Chile podría evaluarse como opción.

Sin embargo, un aspecto esencial, pero muy ignorado en la práctica, es el rol crítico de la naturaleza, donde ocurre el ciclo hidrológico y se forman los servicios ecosistémicos que nos abastecen, precisamente, del agua que bebemos y usamos.

Por ello es necesaria la conservación y restauración de los ecosistemas nativos (como bosques), así como un mejor ordenamiento territorial que permita el almacenamiento natural del agua en los suelos, promoviendo el buen funcionamiento de los ecosistemas, una mejor calidad de vida de los habitantes y el desarrollo socio-económico local.

Frêne subraya: “Es muy importante trabajar bajo el concepto de manejo integrado de cuencas, que permite ordenar los usos de la tierra y del agua en el tiempo y el espacio. Permite primero identificar a los usuarios de una cuenca, a los habitantes de ella, y luego priorizar usos que propendan al bienestar local, y no solamente que se esté utilizando este recurso con criterios económicos. Por lo tanto, esto viene aparejado de un cambio de paradigma, que tiene que ver con entender al agua como un bien común, y dejar de entenderlo como una mercancía o bien de mercado”.

Por otro lado, el investigador manifiesta la necesidad de modificar tanto el Código de Aguas como la Constitución, para que el Estado tenga mayor control sobre este recurso cada vez más escaso.

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