La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha decidido rechazar todos los recursos de protección presentados tras los episodios de contaminación vividos en las localidades de Quintero y Puchuncaví en agosto y septiembre del año pasado y que marcaron severos cuadros de salud en los habitantes de la zona.
De acuerdo a lo estipulado por el órgano judicial, no es competente actuar frente a situaciones de problemas ambientales constantes, sin embargo, sí le corresponde cumplir un rol frente a episodios de emergencias que consideren una gravedad tal a la vida de las personas.
Así, la Corte de Apelaciones de Valparaíso detalla que «no pueden acogerse los recursos respecto de ninguna empresa industrial», así como tampoco «puede acogerse ninguno respecto de los agentes públicos», ya que la única omisión que se le puede imputar es la tardanza en la instalación de equipo de medición en la zona, algo que para el Poder Judicial ya está solucionado.
«Otras medidas que se solicitan son igualmente desmedidas, como el cierre de todo el complejo industrial, aun cuando están en proceso todavía las investigaciones, está en curso de aprobación el plan de descontaminación del sector y están en vigor las medidas adoptadas para, en el intertanto, reducir las emisiones. Se reclama además que se garantice el derecho a la información, pero no se sabe ni consta que se haya obstaculizado ese derecho», añade el fallo.
Asimismo, reitera el Tribunal de Alzada, que las crisis ocurridas en agosto y septiembre de 2018 no pueden acogerse «los recursos respecto de ninguna empresa industrial, porque no consta como indubitada la acción de ninguna de ellas en específico, como agente generador del daño».
Respecto a los organismos públicos, dice que la única omisión reprochable detectada, a la tardanza en instalar equipos medidores de contaminantes operados por agentes estatales, situación que ya se subsanó, apunta el dictamen.
