“Dos años de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú: ¿Cómo va su implementación?”, fue el nombre del conversatorio organizado por el medio de comunicación Codexverde y la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas (UDLA), con el objetivo de abordar los avances, acciones y desafíos del Acuerdo de Escazú en el país.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional para garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación ciudadana en toma de decisiones y acceso a la justicia, siendo Chile Estado Parte desde el 11 de septiembre del 2022. Además, este acuerdo busca reconocer la importancia y seguridad para personas, grupos y organizaciones que defienden el medio ambiente y contribuir al derecho de vivir en un entorno sano y libre de contaminación.
En este contexto, el conversatorio se desarrolló como un espacio para conocer desde las voces expertas como se han abordado los principales ejes del acuerdo, qué rol está cumpliendo el Estado y cómo la comunidad puede involucrarse. Para ello, la instancia contó con la moderación de Marco Valdés, director de Vinculación con el Medio de Derecho UDLA, y la participación como panelistas de Camila Martínez, socia de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental (Achidam) y Felipe Pino, coordinador de Proyectos de ONG Fima.
Avances del Acuerdo de Escazú
Entre las temáticas que los participantes abordaron fue acerca de la importancia que tiene el Acuerdo de Escazú y cómo ha sido el proceso de implementarse en Chile, teniendo en cuenta la legislación e institucionalidad ambiental.
“Es muy importante poder transmitir cuál es el espíritu del Acuerdo de Escazú y su contexto, precisamente porque lo que busca Escazú es permear a la sociedad y empoderar a todos los actores para que participen y conozcan en totalidad sobre como nos inciden las decisiones de los tomadores de decisión en temas ambientales. Este es el primer acuerdo regional de América Latina y El Caribe en temas de derechos humanos ambientales y que viene a instrumentalizar y a operativizar derechos ambientales, por ejemplo, el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana y el derecho de acceso a la justicia ambiental. Derechos que son tan importantes para garantizar otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida”, señaló Camila Martínez de Achidam.
Por su parte, Felipe Pine, de ONG Fima, complementó lo anterior explicando que la discusión sobre Escazú es respecto si en Chile se están cumpliendo los estándares de acceso a la información, de participación ciudadana y de justicia ambiental. “Los principales obstáculos que hemos tenido para su implementación tenían que ver con la idea de que en Chile ya tenemos muchos avances en legislación ambiental y se señalaba para que para qué íbamos a firmar este acuerdo (…) Lo cierto es que hoy tenemos regulaciones específicas de participación en temas ambientales, pero son muy reducidas, principalmente reducida a evaluación de proyectos de impacto ambiental, pero ese no es el único tipo decisión ambiental en que la gente debe estar participando”, añadió.
Actualmente, el Servicio de Evaluación Ambiental ha dictado dos guías para apoyar el acuerdo: Participación Ciudadana y Participación Ciudadana Temprana. Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente, está implementando el Plan de Implementación participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), cuyo periodo será entre 2024 al 2030, con distintos compromisos en el corto, mediano y largo plazo, donde se destaca el desarrollo de plataformas de actualización y acceso a la información, así como la incorporación de una oficina especializada en temas ambientales.
Desafíos y obstáculos
“Ahora viene específicamente dentro de las metas del Plan PIPE crear esta oficina. Lo que me llama mucho la atención es que es algo que se podría hacer hace años, así como existe una oficina especializada en materia de familia, laboral, civil, porque se trata de una herramienta que ya estaba disponible y es parte del bioproceso y acceso a la justicia, no necesitábamos el Acuerdo de Escazú para poder plantear estas ideas. Entonces hay varias cosas que dependen mucho de voluntades y creatividad”, comentó Martínez,
Este punto de acceso a la justicia ambiental ha sido uno de los mayores obstáculos en la implementación del Acuerdo de Escazú, dado que en la actualidad son organizaciones de la sociedad civil como Fima, ONG Defensa Ambiental o Greenpeace las que se dedican a la defensa especializada ambiental, haciendo una representación comunitaria, tratando de suplir una necesidad que tiene el Estado, pero muchas veces los recursos son limitados.
Otro aspecto que también relevó Pino, fue el de la participación ciudadana. “Tenemos información que es muy técnica para un entendimiento apropiado, información parcial generada, principalmente, por el sector privado en su interés de generar un proyecto (…) Hay un problema de participación, el más grave a mi juicio, sigue siendo que no hay participación obligatoria en todos los procesos de evaluación, ojalá esto cambie con las reformas que se están abordando ahora. Algo que si se está abordando en las reformas actuales tiene que ver con la regulación de la participación temprana, que es voluntaria, y está a cargo del titular, pero si no se ejecuta bien puede generar confusión, ya que quienes participan en ella creen que estuvieron en la participación ciudadana y lo cierto es que no, porque luego hay una participación ciudadana formal, por lo que hay que regular ahí”, detalló.
De esta manera, el conversatorio finalizó con las preguntas del público y reflexiones sobre cuáles son los desafíos y las proyecciones que tiene el Acuerdo de Escazú en Chile para promover sus tres lineamientos principales, así como la protección de los defensores ambientales. Te invitamos a revivir este espacio en el canal de YouTube de Codexverde:
