En un pequeño valle de Talca hacia la costa, una comunidad de cinco casas se ubicaba en las cercanías de una mina abandonada llamada Las Palmas, vinculada al Grupo Errázuriz. Nadie sospechaba que el cerro junto a la mina fuera un tranque relleno de tierra, arsénico, plomo y cianuro, entre otros materiales tóxicos, pero esto quedó al descubierto cuando, durante el terremoto de 2010, el tranque colapsó y sepultó una de las casas, matando a los cuatro integrantes de la familia Gálvez-Chamorro (una pareja y sus dos hijas pequeñas), contaminando una gran extensión de terrenos de la provincia.
Lo peor de esta situación es que ninguna de las familias afectadas fue advertida sobre el riesgo en el que vivían, pese a que Sernageomin había considerado el tranque de relaves de Las Palmas como uno de los cuatro tranques con mayor riesgo de colapso del país.
Henry Jurgens, propietario de un terreno colindante al sector donde se produjo este trágico hecho, cuenta que “donde estaba el relave, no había ningún letrero que dijera “Peligro” o “Tóxico”, y eso estaba todo envenenado. En efecto, Sernageomin había estado siete meses antes y habían manifestado que ese relave estaba a punto de caerse. Esa información fue guardada, y no hicieron nada para ponernos bajo aviso. Han 10 años y hoy ni siquiera puedo entrar a mi propia casa”, explica el director de Fundación Relaves.
Como consecuencia del derrame del relave, se generó una emergencia sanitaria que hizo necesario adoptar medidas urgentes, las que -pese a la obligatoriedad de ser realizadas por SMC Tambillos- fueron llevadas a cabo en su totalidad a cargo y costo por la autoridad pública.
Fallo histórico
De esta forma, y debido a que el derrame no sólo costó la vida de cuatro personas, sino que también produjo un colapso ambiental de proporciones, el 15 de diciembre de 2014, el abogado ambientalista Iván Poklepovic junto a Henry Jurgens, presidente de Fundación Relaves (que nace tras el hecho), presentaron una demanda de reparación de daño ambiental en el Segundo Tribunal Ambiental, en contra de Sociedad Contractual Minera Tambillos.
Casi dos años después, el 24 de agosto de 2016, se produjo un fallo histórico, por ser el primer fallo ambiental enmarcado en el contexto de un Pasivo Ambiental Minero (PAM): el Tribunal Ambiental condenó a la minera a cumplir un Plan de Reparación Ambiental, compuesto por 11 medidas reparatorias destinado a remediar el daño causado. Esta sentencia estableció que hubo incumplimientos al Programa de Cierre del Tranque de relaves y al manejo de residuos peligrosos por parte de la empresa.
“También es histórico porque se condenaron las conductas y omisiones reiteradas y negligentes de SCM Tambillos. Por otro lado, se acreditó la relación de causalidad próxima y necesaria existente entre los hechos, conductas y omisiones culposas en que incurrió SCM Tambillos y el daño ambiental generado”, explica Juan Pablo Sanguinetti, abogado de Fundación Relaves.
Incumplimiento
Sin embargo, la situación tras el fallo no ha cambiado. Así lo explica Poklepovic, quien asegura que “si bien la empresa condenada ha presentado antecedentes en los servicios públicos competentes, con el fin de cumplir la sentencia, lo cierto es que -según dan cuenta numerosos antecedentes contenidos en el expediente del juicio- la empresa no ha cumplido, en tiempo y forma, ninguna de las medidas de reparación ambiental a que fue condenada”.
Por lo mismo, Poklepovic indica que “con fecha 21 de febrero de 2020, se está solicitando el cumplimiento incidental de la sentencia ante el Tribunal Ambiental de Santiago. Este procedimiento tiene por objeto obtener el cumplimiento forzado de las medidas de reparación ambiental ordenadas en la sentencia”.
Entre las medidas de reparación más importantes que se exigió a la empresa llevar a cabo para remediar la situación, se encuentran:
- Efectuar un análisis de estabilidad del actual tranque y del área afectada por el derrame.
- Asegurar la total impermeabilidad de la carpeta HDPE existente y presentar un proyecto para implementar un sistema de recolección, conducción y descarga de aguas lluvia que escurran por la carpeta, con un programa de monitoreo de calidad del agua y medidas de control.
- Desmantelar todos los restos de instalaciones existentes y completar la disposición final de materiales y chatarra con autorización de las autoridades competentes;
- Plantar una franja arbórea con especies tolerantes a los relaves y de rápido crecimiento.
Desde Fundación Relaves, señalan que esperan que la minera en cuestión tome conciencia, y comience a cumplir con lo que dicta el fallo, para dar una señal potente de que la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010 sí les importa, que sí se hacen responsables.
«Porque no hay que cerrar los ojos ante una realidad evidente: en Chile existen cientos de relaves mineros abandonados, y sabiendo que es uno de los países más sísmicos del mundo, esta tragedia podría volver a suceder. Sin embargo, está en manos de las autoridades y de las empresas mineras privadas poder evitarlas», indicaron desde la organización.
Desde la fundación agregan: “¿Hasta cuándo las empresas en Chile operan con completa impunidad? ¿Quién se hace cargo de una industria que pasa por sobre los derechos de las personas? ¿De qué sirve que existan sentencias ambientales si ni el Gobierno ni ningún organismo obliga a cumplirlas? Pareciera ser que es fue fallo que no tiene ninguna validez ni importancia”.
