El pasado 14 de septiembre, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por las salmoneras Invermar S.A. y Pacific Seafood S.A. contra un fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Con ello, quedó firme la decisión que ordena al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) entregar a Fundación Terram información sobre las cosechas de centros de cultivo de salmones.
Terram había solicitado antecedentes de centros ubicados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, correspondientes al período 1990–2024. Sernapesca negó inicialmente el acceso debido a la oposición de las empresas. Sin embargo, el Consejo para la Transparencia acogió la solicitud y ordenó entregar los datos.
Invermar y Pacific Seafood impugnaron esa decisión mediante un reclamo de ilegalidad. Sostuvieron que la información no era pública y que su divulgación podía perjudicar sus intereses comerciales y económicos, además de afectar la libre competencia.
El 15 de mayo de 2026, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el reclamo. El tribunal concluyó que los antecedentes solicitados son públicos y que las empresas deben proporcionarlos a Sernapesca para que el organismo elabore informes sobre las cosechas. También descartó que la entrega de los datos pudiera distraer indebidamente al personal del servicio de sus funciones.
Tras ese fallo, las salmoneras recurrieron a la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó el recurso de queja al considerar que no se acreditó una falta o abuso grave por parte de la Corte de Apelaciones. Además, condenó a las empresas al pago de las costas del juicio.
El equipo jurídico de Fundación Terram, integrado por Catalina Salazar y Diego Rojas, cuestionó la prolongación del litigio tras el fallo de la Corte Suprema. “Cuando una parte agota todas las vías impugnatorias disponibles, incluyendo una tan excepcional como el recurso de queja, el litigio deja de ser una defensa genuina de un derecho y pasa a operar como una herramienta de dilación. Ese fue el resultado concreto de casi dos años de judicialización”, señalaron.
Según los abogados, las empresas buscaron impedir el acceso ciudadano a los datos productivos que Sernapesca utiliza en sus labores de fiscalización, conforme al artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Terram sostiene que esa información permite identificar posibles casos de sobreproducción, proyectos que habrían eludido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y concesiones que podrían encontrarse en causal de caducidad.
“No es casualidad que quienes litigaron para impedir su acceso público sean, a la vez, actores de una industria donde hemos identificado un patrón sostenido de irregularidades. La obstrucción no fue incidental: mientras se litigaba sobre si la información era pública, esos incumplimientos siguieron sin poder ser fiscalizados con datos actualizados”, agregaron.
Terram afirmó que la falta de datos productivos desde 2024 le ha impedido actualizar sus análisis para detectar posibles infracciones ambientales y sectoriales. Con antecedentes disponibles hasta 2023, la organización identificó recientemente 47 centros de cultivo que, según sus cálculos, produjeron en conjunto más de 450 mil toneladas de salmónidos sin someterse a evaluación ambiental.
La fundación indicó que entregó estos antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y solicitó que ejerza sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias. “Hasta hoy, de los 56 centros con elusión al SEIA que hemos detectado tanto dentro como fuera de áreas protegidas, la SMA solo ha iniciado un procedimiento sancionatorio, evidenciando una clara demora en el ejercicio de sus facultades”, sostuvo.
