Chile enfrenta una oportunidad inédita: convertir su abundancia de energía limpia en una ventaja competitiva para la economía. Cerca del 70% de la capacidad instalada de generación eléctrica del país corresponde actualmente a energías renovables, pero la electricidad representa solo alrededor del 22% del consumo de energía primaria. Para aprovechar este potencial, el país deberá acelerar las inversiones en infraestructura, modernizar sus redes y avanzar hacia una mayor electrificación.
La magnitud del desafío es considerable. El informe “Hacia la autonomía y certidumbre energética Chile 2035”, presentado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), proyecta que la demanda eléctrica superará los 100.000 GWh hacia 2035 y podría alcanzar entre 140.000 y 180.000 GWh en 2050. Para responder a este crecimiento, estima requerimientos de inversión cercanos a US$300.000 millones durante los próximos 25 años.
Más energía renovable, pero también más infraestructura
El estudio, elaborado por el consejero del CPI Héctor Lagunas y el consultor Nelson Muñoz, advierte que el desafío ya no consiste únicamente en aumentar la generación renovable, sino en asegurar que esa energía pueda llegar de manera eficiente a los hogares y sectores productivos donde puede generar mayor valor.
La red eléctrica tendría que expandirse en 40% hacia 2035 y triplicarse hacia 2050, hasta alcanzar unos 700.000 kilómetros. Esta expansión, plantea el documento, deberá ir acompañada de una transformación tecnológica, con redes inteligentes, gestión en tiempo real, almacenamiento y una mayor participación de los usuarios.
“Además, el principal reto es desarrollar redes de transporte y distribución de gas natural para los consumos no electrificables, y ampliar la transmisión y distribución eléctrica para los que sí pueden electrificarse”, relevó Lagunas.
El crecimiento de la demanda eléctrica responde, en parte, a la necesidad de incorporar electricidad en actividades que actualmente dependen de otros combustibles. En ese escenario, la transición energética no pasa solamente por generar más electricidad renovable, sino también por contar con la infraestructura necesaria para transportarla, distribuirla y utilizarla.
El documento fue presentado durante el seminario “Energía 2030: del Diagnóstico a la Acción”, organizado por el Ministerio de Energía y el CPI, que contó con las exposiciones de la ministra de Energía, Ximena Rincón, y del presidente del CPI, Eduardo Frei.
Los obstáculos para aprovechar la energía limpia
Para el CPI, la infraestructura no es el único desafío. El informe identifica también una serie de obstáculos asociados a una gobernanza fragmentada, regulación subóptima, falta de financiamiento para nuevas inversiones y vulnerabilidad física de las instalaciones.
A esto se suma el riesgo de que los costos de las transformaciones necesarias recaigan con mayor fuerza sobre los hogares y clientes regulados con menor capacidad de pago.
Frente a este escenario, el informe propone una agenda de corto, mediano y largo plazo que combine medidas administrativas, modernización regulatoria y reformas institucionales. Entre las propuestas se incluyen avanzar hacia una distribución inteligente, una mayor gestión de la demanda y el fortalecimiento del capital humano.
La necesidad de ampliar la infraestructura también está vinculada al crecimiento esperado del consumo eléctrico. El documento plantea que la demanda podría más que duplicarse entre 2035 y 2050, lo que requerirá anticipar las inversiones para evitar que las redes se conviertan en un cuello de botella para la incorporación de nueva generación y nuevos consumos.
El rol del gas natural en la transición
El CPI plantea además que el gas natural puede cumplir un papel de transición y respaldo, particularmente en aquellos consumos donde la electrificación todavía no resulta competitiva.
El estudio señala que este energético podría contribuir a desplazar generación diésel y atender sectores que aún presentan dificultades para electrificarse. También destaca la oportunidad de profundizar la integración energética regional a partir del gas proveniente de Vaca Muerta, con potencial para reducir costos y fortalecer la seguridad energética del país.
La propuesta, en ese sentido, apunta a que la transición energética considere de manera conjunta generación, transmisión, distribución, almacenamiento y los distintos tipos de demanda, evitando abordar cada componente de manera aislada.
Chile cuenta hoy con una participación creciente de energías renovables en su matriz eléctrica. El desafío que plantea el CPI es transformar esa ventaja en una infraestructura capaz de sostener el aumento de la demanda, mejorar la seguridad energética y permitir que la energía limpia llegue efectivamente a los hogares y sectores productivos.
