Durante décadas, las playas han sido uno de los principales motores del turismo en Chile. Pero, el avance de la erosión costera y el aumento de las marejadas están transformando silenciosamente estos paisajes y poniendo en riesgo mucho más que el borde costero. Con más de 6.400 kilómetros de litoral, el país depende de sus playas para sostener una actividad que aporta cerca del 3,5% del PIB y genera alrededor de 620.000 empleos formales. Sin embargo, hoy, la pérdida de arena y los cierres temporales provocados por eventos climáticos extremos no solo amenazan ecosistemas costeros, sino también el bienestar de millones de visitantes y la economía de numerosas comunidades que viven del turismo.
Ante este escenario, un equipo de investigadores del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), la Universidad del Desarrollo y las universidades Católica de Chile y de Temuco, decidió responder una pregunta clave: ¿cuánto valoran económicamente los chilenos sus playas? Para ello, analizaron las decisiones de viaje de turistas de la Región Metropolitana que visitaron los principales balnearios de la zona central del país. Los resultados, publicados en la revista Annals of Tourism Research, permitieron estimar el valor económico que las personas asignan a características como el ancho de la playa, la presencia de dunas y el acceso a estos espacios costeros.
Un problema ambiental con un precio concreto
Tradicionalmente, la pérdida de arena o la suspensión de actividades en el litoral se han abordado bajo una mirada estrictamente ecológica. No obstante, el estudio cambia el eje del debate al ponerle números a la pérdida de bienestar humano.
«Cuando una playa se erosiona o se cierra, no solo perdemos paisaje o biodiversidad, sino también bienestar humano. Muchas veces estos daños quedan invisibilizados porque no tienen un mercado bien definido, pero eso no significa que no tengan valor económico», explica Felipe Vásquez, investigador SECOS y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad del Desarrollo. Para el experto, indexar estos datos permite que «la protección costera deje de verse como un gasto ambiental y pasa a entenderse como una inversión en bienestar económico y social».
En esa misma línea, el coautor del estudio e investigador SECOS y FEN UDD, Roberto Ponce, enfatiza que la erosión y los cierres afectan directamente al comercio local, el empleo y la planificación pública. «Poner cifras permite mostrar que conservar las playas no es solo una preocupación ecológica, sino también una decisión de desarrollo. Esto nos permite comparar los beneficios de actuar con los costos de implementar medidas de adaptación», argumenta Ponce.
¿Cuánto vale un metro de playa?
El estudio analizó las diez playas más visitadas del centro de Chile, ubicadas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins. Los resultados muestran que los turistas están dispuestos a pagar $868 por cada metro adicional de ancho de playa, evidenciando que el espacio disponible en la orilla incide directamente en la experiencia recreativa.
Aún más significativa fue la disposición a pagar por la conservación de dunas, alcanzando los USD 29,40 por viaje. Las dunas no son un simple elemento ornamental, sino que actúan como barreras naturales frente a marejadas, retienen sedimentos y sostienen la biodiversidad y esto cobra especial relevancia considerando que, en años recientes, varios eventos de erosión de dunas causaron daños importantes a la infraestructura costera en Chile central.
«Los datos muestran que las personas no valoran la playa como un bien abstracto. Valoran los atributos específicos que les permiten disfrutarla como el espacio para caminar, descansar, sentirse cómodas», señala Vásquez. Al respecto, Roberto Ponce añade que este hallazgo es un fuerte llamado de atención para la planificación territorial: «En Chile, muchas veces las dunas han sido vistas como terrenos disponibles para urbanización o infraestructura. El estudio muestra lo contrario, conservarlas genera bienestar para las personas y puede fortalecer el atractivo turístico de los destinos».
La cuenta de la inacción: El impacto de los cierres
El informe también cuantificó el impacto de los cierres temporales. Un solo día de clausura de un balneario genera pérdidas de bienestar de CLP 374,39 millones en Coquimbo, CLP 352,24 millones en Valparaíso y CLP 289,07 millones en O’Higgins. Actualmente, la zona central registra alrededor de 70 cierres de playas al año por condiciones climáticas adversas.
«Si la frecuencia de estos eventos extremos se duplica hacia 2100, como proyectan los modelos climáticos, las pérdidas anuales de bienestar turístico podrían escalar”, menciona Stefan Gelcich, académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio SECOS. Los autores advierten que estas proyecciones son conservadoras, esto puede llegar a los USD 60,32 millones, pues no incluyen daños colaterales como la caída del valor de las propiedades o el deterioro urbano.
«Desde la economía ambiental, el principal problema es que los impactos del cambio climático tienden a crecer en el tiempo y se vuelven más caros de enfrentar cuando se postergan las decisiones», advierte Ponce. «La inacción no es gratis. Si no se invierte hoy en protección, restauración y planificación costera, el país podría terminar pagando mucho más en el futuro, tanto por daños evitables como por pérdida de oportunidades económicas».
A estas alertas se suma Julián Díaz, coautor del estudio y Director del Centro de Gestión y Economía Aplicada de la Universidad Católica de Temuco, quien indica que «al poner cifras sobre las pérdidas potenciales, es posible dimensionar cómo el cambio climático puede afectar el desarrollo local en comunidades costeras, entregando evidencia útil para diseñar políticas públicas más preventivas».
La paradoja de la infraestructura: Proteger sin cementar
Uno de los hallazgos más llamativos es que los turistas reaccionan negativamente ante la infraestructura costera visible, como sistemas de drenaje o intervenciones de ingeniería dura (muros de concreto o enrocados). Esto plantea el dilema de que las ciudades costeras necesitan adaptarse, pero corren el riesgo de destruir lo que las hace atractivas.
«Cuando un turista ve drenajes o muros, puede interpretar que la playa está deteriorada o artificializada», explica Vásquez, sugiriendo que las obras deben respetar la naturalidad del borde costero.
Roberto Ponce coincide en que el desafío urbano es relevante, ya que «las ciudades necesitan adaptarse, pero no cualquier adaptación es valorada por las personas. Si las obras son muy visibles o mal integradas, pueden reducir el atractivo de la playa. La planificación debe integrar criterios técnicos, económicos y paisajísticos. Las intervenciones deben diseñarse de manera cuidadosa, con bajo impacto visual y participación de las comunidades».
En este sentido, el estudio concluye que las playas deben tratarse como infraestructura natural estratégica. Cuidarlas no como un lujo ambiental, sino como forma de proteger empleos, sostener destinos turísticos y preparar mejor al país para la crisis climática, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 y 13 de las Naciones Unidas.
Para los autores, la hoja de ruta del Estado chileno debe cambiar de ritmo. «La adaptación debe anticiparse. No se puede esperar a que las playas pierdan ancho o se cierren con mayor frecuencia para recién actuar. Se requieren planes de adaptación costera con información científica, indicadores de riesgo y criterios claros para decidir cuándo restaurar, limitar usos o relocalizar infraestructura», concluye Roberto Ponce.
