Tribunal Ambiental acusa presunto desacato de sanitaria y envía antecedentes a la Fiscalía

Se estableció incumplimiento de la empresa San Isidro, ante las instrucciones que emitió esa instancia judicial, para la protección del río Trapén, en Puerto Montt.

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Protestas de vecinos por contaminación del río Trapén.

Con la finalidad de determinar la existencia de varios delitos, entre ellos el de desacato, por el incumplimiento de resoluciones judiciales, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia remitió a la Fiscalía Local, los antecedentes del procedimiento de reclamación en contra de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro (ESSSI), que mantiene una descarga de aguas servidas tratadas, en el cauce del río Trapén de Puerto Montt.

El 16 de enero, el tribunal valdiviano ordenó la prohibición de efectuar esas descargas, que debían realizarse con camiones aljibe; el 11 de febrero, agregó la instrucción de suspenderlas de forma inmediata. En la resolución del 6 de abril, esa instancia afirma que “conforme los antecedentes que a la fecha obran en la causa, ESSSI continúa descargando aguas servidas en el río Trapén”.

En la resolución se considera que “las infracciones descritas podrían ser constitutivas del delito especial de desacato”, por lo que “estos sentenciadores ordenarán remitir los antecedentes respectivos del proceso al Ministerio Público, para los fines que en derecho correspondan”.

El fiscal jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti, dijo hoy que “hasta ahora no nos ha llegado, formalmente, ninguna resolución del Tribunal Ambiental”.

Especificó que si se trata de los mismos antecedentes, “ya existe una investigación en curso, con diligencias actualmente realizándose. Esperamos que en el más breve plazo podamos tener una conclusión en la carpeta de investigación”.

Se trata de una denuncia del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) “que da cuenta de posibles acciones que podrían constituir delito por descargas al río Trapén”.

Consultado por la forma cómo enfrentarían la denuncia de presunto desacato, Sambuceti especificó que primero deben verificar si la resolución judicial se encuentra a firme y, a su vez, “tendríamos que verificar si se incumple o no con la resolución del tribunal”.

En caso de ser efectivo, adelantó que “para los responsables, la ley establece una pena que va de un año y medio a cinco años de reclusión”.

La vocera del Movimiento de Defensa del Río Trapén, Paula Ojeda, consideró que el tribunal valdiviano “demoró demasiado en esta decisión”.

Comentó que a pesar de las constantes resoluciones judiciales, la empresa sanitaria “ha hecho todo bajo sus reglas. Si en todo este tiempo no respetó lo que dictaminó el tribunal, ya no tiene sentido esta medida, porque va a dejar de contaminar el río”.La también vicepresidenta de la Junta de Vecinos Panitao Alto Camino Los Pinis, explicó que San Isidro “se conectará ahora con el río Gómez, sin permiso de la DGA (Dirección General de Aguas), donde ya hice la denuncia”.

Por eso es que insiste en que derivar los antecedentes a la Fiscalía “es muy tardío, pudo haber sido antes. La empresa se rió del tribunal, de verdad. Pasaron varias cosas, como truchas que murieron…, de hecho el río ahora está seco”.