La iniciativa que es discutida por el consejo de la sociedad civil del Sistema de Evaluación Ambiental, busca la implementación de un organismo, que pueda asesorarar técnica y legalmente a las comunidades que serán afectadas por proyectos presentados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), y que no cuentan con recursos para hacer valer efectivamente sus derechos.
La propuesta, impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente, parte de la idea de que el SEIA no recoge adecuadamente la posible contradicción de intereses entre las comunidades y los titulares de proyectos, donde el Estado actúa solo como mediador, dejando a las comunidades de escasos recursos prácticamente en la indefensión.
La idea de la instancia es que pueda al menor leer e interpretar adecuadamente los complejos estudios de impacto ambiental y con esa información pueda apoyar a quienes recibirán los impactos de la intervención que se realizará al medio ambiente.
Para la próxima sesión del consejo de la sociedad civil del SEA, FIMA se ha comprometido a entregar a los consejeros un informe con las opciones para dar cuerpo a esta iniciativa.
Fuente: Fima
