Por Matías Asún , director de Greenpeace en Chile.
Actualmente en Chile y en el mundo es evidente que hay una tendencia muy preocupante en lo que a las disponibilidades hídricas se refiere. En nuestro país, el estudio Radiografía del Agua de la Fundación Chile, indica que el 76% de la superficie de chilena está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado y 110 acuíferos del país se encuentran actualmente con una demanda comprometida superior a su recarga.
¿La razón? Una legislación actual que no valora las medidas adecuadas para frenar el deterioro de los ríos que finalmente repercutirán en la disponibilidad de agua para la población. A todo este complejo panorama se suma el actual Código de Aguas, el cual se ha encargado de “entregar” derechos de aprovechamiento de forma gratuita y a perpetuidad en todo el país. Se trata de una legislación que produce desigualdad en el acceso hídrico y vulnera derechos fundamentales de las personas, agravando la emergencia hídrica que vivimos. Casos como los de Petorca son claro ejemplo de ello.
Asimismo, este código de aguas es inapropiado y poco flexible al no considerar la disponibilidad del recurso a través del tiempo, ignorando los tres efectos clave en el escenario hídrico, producto del cambio climático. Estos están a la vista y todos hemos sido testigos en los últimos años:
Primero, la disminución de las precipitaciones; investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile han realizado simulaciones de precipitaciones para Chile evaluando diferentes escenarios de emisiones de efecto invernadero y determinaron que para el 2060 la zona central enfrentará sequías que afectarán de manera especial los cultivos de trigo, lo que equivaldrá a un 52% de ellos, con un monto asociado de 690 millones de dólares.
Segundo, el cambio de la isoterma cero, lo que significa que algunos eventos donde el agua precipitaba en forma de nieve cambia a lluvia, lo que disminuye el acumulamiento de nieve que sirve como reserva durante los meses de primavera en que no llueve, disminuyendo, a su vez, el caudal de los ríos. Asimismo el hecho de acumular agua y no nieve harán que ésta escurra provocando los temidos aluviones.
Y tercero, como efecto a largo plazo, también vemos cómo el Cambio Climático impacta en el derretimiento de los glaciares, situación que irremediablemente terminará en una disminución drástica de las reservas de agua dulce en el futuro.
Estos tres efectos pueden resultar especialmente significativos en el caso de nuestro país, donde las demandas de agua derivadas de las actividades económicas como la agricultura, la generación hidroeléctrica y el consumo de agua potable son altísimas y donde los recursos hídricos existentes no son especialmente abundantes en la mayor parte del territorio.
Una situación alarmante, sin embargo la legislación chilena no lo considera así y está planificando las demandas actuales y futuras contando con un agua que simplemente ya no existe.
Mientras Chile enfrenta diversos desafíos vinculados al cambio climático de cara a ser el país anfitrión de la próxima Cumbre de Cambio Climático de la ONU COP25, garantizar que podremos adaptarnos a un planeta que se calienta y un país con menos agua resulta fundamental y los desafíos son muchos.
