ONG’s remarcan las principales deudas ambientales de Chile en el marco de la crisis sociopolítica

Las organizaciones ambientalistas Fundación Terram y Greenpeace manifestaron su posición conforme a la situación sociopolítica que vive Chile desde hace una semana.

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Considerando el estallido social que irrumpió con fuerza en el país desde el día 18 de octubre hasta la fecha, organizaciones ambientales han relevado distintas demandas vinculadas a temáticas socio-ambientales existentes en nuestro país.

Fundación Terram

Observamos con desconfianza la agenda social que pretende instalar este gobierno, pues en ella no se reflejan ni satisfacen verdaderamente las demandas de las comunidades ni se solucionan de manera alguna los problemas de desigualdad que las afectan, los que en buena parte se explican por la existencia y profundización de un modelo que, desde la dictadura, ha tendido a una injusticia social y una segregación ambiental de la que los distintos gobiernos que han estado en el poder, durante casi 30 años en democracia, no se han hecho cargo.  

En este sentido, siendo el foco de este gobierno la reactivación de la agenda económica, así como la implementación de algunas mejoras sociales y la generación de fuentes de empleo desde el sector privado, solucionar estructuralmente los problemas y conflictos socio-ambientales pareciera no ser un asunto prioritario para la gran mayoría de las autoridades políticas, como tampoco para buena parte del sector empresarial que desarrolla proyectos de alto impacto ambiental, cuyas consecuencias en los territorios han sido largamente denunciadas por las comunidades que no han sido escuchadas ni validadas en sus demandas justas y legítimas. 

Por lo anterior es que, bajo el contexto de la crisis estructural que actualmente afecta a nuestro país, desde Fundación Terram creemos imperioso reiterar y enfatizar algunas demandas fundamentales en temáticas socio-ambientales desde el punto de vista de las políticas públicas, algunas de las cuales ciertamente son de larga data y han sido promovidas desde las mismas comunidades y organizaciones locales. Estas son:

1.      Firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú para avanzar en la generación de espacios de diálogo informados e instancias de participación significativas por parte de la sociedad civil en distintos niveles, logrando así una mayor incidencia en el proceso de toma de decisiones en asuntos ambientales;

2.      Modificar el actual Código de Aguas en términos que, al menos, se reconozca el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano y se establezca una priorización de usos del componente hídrico que privilegie el consumo de las personas, releve la importancia del mantenimientos de los ecosistemas y garantice el acceso al agua en economías de subsistencia, tanto para los nuevos derechos como para los ya otorgados;

3.      Implementar un plan de acción integral que garantice el fin de las llamadas “zonas de sacrificio”, considerando el cierre y desmantelamiento, en el corto plazo, de centrales termoeléctricas a carbón así como un cronograma definido para la revisión, actualización o, en su caso, elaboración de nueva normativa sobre calidad del aire de acuerdo a estándares de la OMS;

4.      Retirar de tramitación legislativa diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo que insisten en una visión privatizadora de los componentes ambientales y, en su mayoría, en una reducción del rol estatal frente al resguardo de la iniciativa privada, siendo ellos los siguientes:

  • Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín Nº 8.467-12)
  • Proyecto de Ley Pro-Inversión I (Boletín Nº 11.747-03);
  • Indicación sustitutiva Nº 369-366 formulada con fecha 10 de enero de 2019 al Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas (Boletín Nº 7.543-12);
  • Proyecto de Ley que introduce modificaciones en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Boletín Nº 12.714-12);
  • Indicación sustitutiva al Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares (Boletín Nº 11.876-12).

Finalmente, nos parece imperativo abrir espacios de diálogo transversal entre los distintos actores nacionales y locales, así como avanzar en ofrecer señales claras para la resolución de los distintos problemas socio-ambientales existentes en nuestro país. Para salir de esta crisis, no solo son importantes las mejoras sociales, sino que el gobierno de Sebastián Piñera debe asumir una agenda de trabajo relacionada con la justicia ambiental. El rol del Estado es garantizar el acceso a derechos fundamentales en diversas materias y, en lo particular, el derecho a un ambiente sano, a la salud, y al agua potable y saneamiento de todos los habitantes, sin excepciones. 

Greenpeace

Chile está viviendo la expresión de uno de los movimientos ciudadanos más grandes que hayamos conocido en su historia, que evidencia la necesidad de avanzar en una mejora en la calidad de vida de las personas. Sostenemos que para avanzar en el proceso social, se requiere que el Estado Chileno restablezca plenamente las garantías constitucionales, para el desenvolvimiento de los actores sociales en armonía.

En este escenario, Greenpeace cree que estas desigualdades denunciadas, reflejan precisamente las problemáticas ambientales que hemos denunciado. Por ello, afirmamos lo siguiente:

  • Adherimos a  las justas demandas sociales por las que millones de ciudadanos en Chile se manifiestan, a través de movilizaciones multitudinarias y de manera pacífica. Una olla y una cuchara han probado ser una vía correcta para expresar la necesidad de reducir las amplias desigualdades y alcanzar mejoras que apuntan por sobre todo a las personas más vulnerables en el país y exigimos que estas demandas sean escuchadas por las autoridades.
  • Sobre la realización de la COP25, un estado de excepción como el que estamos viviendo hoy, con múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, no entrega las garantías de seguridad suficientes para que la sociedad civil pueda hacer valer el derecho de protestar y expresarse pacíficamente, con el objetivo de exigirle a los tomadores de decisión que aborden la ambición climática frente a la crisis ecológica que vivimos. Es urgente que el gobierno restablezca las garantías y derechos constitucionales, reconocidos también a nivel internacional, para que esta conferencia tenga lugar en nuestro país, en un escenario de paz y acuerdos sociales.
  • Consideramos que la profunda crisis que vive el país requiere de respuestas concertadas entre los distintos actores sociales. La academia, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, deben participar en la construcción de un nuevo Chile. El mundo político debe dar un paso al frente y es el Ejecutivo quien debe permitir de modo responsable y sin violencia, ese avance. Hasta ahora las respuestas han sido insuficientes. 
  • Solicitamos al gobierno, a autoridades institucionales, a organizaciones sociales y a los medios de comunicación masiva, incorporar de forma urgente los conflictos medioambientales del país, que hoy son uno de los peores espejos de la desigualdad, la injusticia social y la violación sistemática de derechos humanos de mujeres, niños y hombres que por años ha estado invisibilizada.
  • Sobre esto último estamos convencidos que es imperioso dar solución definitiva a la situación que miles de chilenos viven hoy, habitando las llamadas “zonas de sacrificio”, víctimas de la descontrolada acción de empresas que, amparadas en la falta de regulación y fiscalización, han mantenido por décadas una progresiva degradación social, económica y ambiental de territorios completos. El fin de las seis plantas a carbón más antiguas en Chile no es sólo una demanda ambiental y climática urgente, es parte de la mínima restitución de derechos que se les debe a quienes por años han sido omitidos de un trato justo y digno.
  • Lo mismo ocurre con el agua, elemento fundamental de la vida, y se requiere con urgencia que se reconozca su acceso como un derecho humano y la función ambiental de la mismas como soporte de nuestros ecosistemas. Del mismo modo, la protección de glaciares, humedales, ríos y cuencas en su conjunto para impedir que sean irremediablemente afectados, es una prioridad nacional que sobrepasa con creces cualquier cálculo económico de corto plazo. Sin agua no hay vida. 
  • Por último, creemos que hay elementos del modelo extractivista, que son inaceptables en un contexto de crisis ecológica y sostenemos que la única vía suficiente para canalizar estos cambios es la elaboración participativa, democrática y abierta de una nueva constitución para Chile, que permita resolver las brechas sociales y las injusticias, integrando los derechos ambientales como parte de las garantías mínimas de convivencia justa y digna.

En tiempos difíciles para nuestra sociedad y como organización independiente, política y económicamente, que utiliza la acción directa no violenta, Greenpeace reafirma su compromiso con la paz, el medioambiente y la promoción de soluciones a los conflictos basados en el  respeto a los principios que inspiran la diversidad y la pluralidad democrática.

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