Hace poco, el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED, por sus siglas en inglés) publicó el texto “Bosques saludables para fortalecer la resiliencia al cambio climático en Chile”[, basado en la experiencia y resultados del proyecto Ecosistemas para Protección de Infraestructura y Comunidades (EPIC), que busca promover soluciones basadas en la naturaleza para la reducción de riesgo de desastres basada en ecosistemas y la adaptación al cambio climático, a través de proyectos pilotos en seis países, uno de ellos ejecutado en nuestro país entre 2012 y 2017, en la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, declarada por la UNESCO el 2011, y que se extiende sobre un área de 565.807 hectáreas y cuya administración, según indica el documento, “busca reconciliar la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural con el desarrollo económico y social”.
Entre sus principales conclusiones destaca que “los ecosistemas boscosos saludables protegen a las comunidades y la infraestructura contra las avalanchas y los deslizamientos” y entre sus recomendaciones están “mejorar las prácticas de manejo forestal e incrementar la cobertura boscosa y su calidad”, enfatizando que “realizar una gestión sostenible de recursos hídricos también pueden mejorar los servicios ecosistémicos que se brindan en la reserva y a nivel de la cuenca hidrográfica”.
Este ejemplo sirve para relevar la importancia que en esa zona y en muchas otras a lo largo del país tienen los bosques, que según las cifras de la propia Conaf, al 2017, alcanzaba las 14.411.031 hectáreas de bosque nativo, la mitad de las cuales solo un mitad se encuentra en terrenos fiscales[.
Sin embargo, también hemos conocido el Dictamen N°6.721 de fecha 16 de marzo pasado, que responde a una presentación de diputados y de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, quienes solicitaron un pronunciamiento respecto a la legalidad del permiso denominado “Plan de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas”, entregado por la Conaf. Esto a raíz de las autorizaciones que han permitido que más de 22 mil hectáreas de bosque hayan sido reemplazadas por cultivos agrícolas dedicados a la exportación, en los últimos 12 años.
La Contraloría, en solo cuatro páginas, recuerda lo obvio: que incluso el tristemente célebre DL 701 de 1974 establece que “tratándose de la corta o explotación de bosque nativo, la reforestación se exigirá cualquiera sea el terreno en que dicho bosque se encuentre”. Por cierto, también cita la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (de 2008), que en su artículo 2°, N°18, define el plan de manejo como “el instrumento que, reuniendo los requisitos que se exigen en este cuerpo legal, planifica la gestión del patrimonio ecológico o el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de un terreno determinado, resguardando la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos”.
Evidentemente, pareciera que a algunos no les basta con la pérdida de bosque nativo que se ha ido produciendo debido a los incendios forestales, con la expansión urbana y con el reemplazo por plantaciones forestales. Por eso, este debe ser un tema que, junto a la derogación definitiva del DL701, de la aprobación del Servicio Nacional Forestal que reemplace a la Conaf y del Servicio de Biodiversidad, debe formar parte del debate en torno a la Ley Marco de Cambio Climático y del tercer intento por avanzar en la creación de un Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que parece más bien una versión ministerial de Pro Chile.
Y como las malas noticias nunca vienen de a una, en el documento de actualización de la Contribución Nacional al Acuerdo Climático de París 2015, en la Contribución en Integración – UTCUTS (Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura) – Bosques
N°5 (I5) dice, textualmente: “Chile se compromete a forestar 200.000 hectáreas, de las cuales al menos 100.000 hectáreas corresponden a cubierta forestal permanente, con al menos 70.000 hectáreas con especies nativas”. O sea, teniendo la posibilidad de aprovechar la lucha contra el cambio climático para recuperar las miles de hectáreas perdidas, con el consiguiente impacto en la biodiversidad y en la hidrología nacional, la opción es seguir plantando pinos y eucaliptus.
Como es evidente, hay mucha discusión pendiente en materia de bosques, partiendo por la necesidad de avanzar hacia un modelo forestal del siglo XXI y superar, de una vez, una de las normas más antiguas heredadas de la dictadura: el DL701. Revisar el rol de las comunidades, pueblos originarios y municipios en los denominados “territorios forestales” y, como ya lo han sugerido distintos investigadores, la necesidad de ajustar las plantaciones forestales al sistema de evaluación ambiental, así como definir políticas con una mirada más integral, que considere la protección y restauración de los bosques, tanto por su aporte al ciclo hídrico, como al combate contra los efectos del cambio climático.
