Durante los últimos cuatro años, he sido testigo como la Región Metropolitana ha vivido un proceso ambiental intenso, lleno de avances importantes, pero también de desafíos profundos que sabemos se agudizarán año tras año, si no hacemos nada, fundamentalmente por la triple crisis que afecta al planeta: cambio climático, pérdida de naturaleza y contaminación.
Así lo ratifica el Informe del Estado del Medio Ambiente 2024 donde se indica que estas tendencias se han sostenido y complejizado en el último tiempo, pese a los avances relevantes en energías limpias, la ampliación de áreas protegidas y las mejoras sostenidas en materia de calidad del aire a nivel nacional y regional.
Sin duda que el panorama ambiental de la Región Metropolitana es un espejo donde se reflejan, de manera amplificada, los grandes problemas ecológicos de Chile, pasando por la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad y la presión sobre los recursos hídricos. No obstante, en esta misma línea podemos decir que la RM también sirve de ejemplo para el resto de las regiones de cómo superar estos desafíos.
Si miramos la calidad del aire, uno de los problemas más visibles (y respirables), en la última década la Región Metropolitana disminuyó en un 66% la contaminación atmosférica por MP 2.5, mejorando así la calidad de vida de su población, especialmente de los niños y personas mayores, que cada periodo invernal veían su salud muy afectada por esta situación.
En materia hídrica, pese a que las lluvias intensas del 2023 ofrecieron un respiro temporal, los indicadores muestran los estragos de la megasequía que afecta la Zona Central desde el año 2008. Con ello la disponibilidad de agua sigue descendiendo y la demanda compite ferozmente con los usos urbanos, agrícolas e industriales. Esta situación golpea particularmente a la Región Metropolitana, donde la presión demográfica y económica sobre los cursos de agua es total, lo que se agrava con los impactos locales de las olas de calor urbanas hasta las emergencias por eventos hidrometeorológicos extremos.
En este contexto, cobra gran relevancia el actual proceso de elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación Hídrica (PPDH) de la Cuenca del Río Maipo, esto con el objeto de mejorar la calidad del agua y proteger los ecosistemas de la cuenca del Río Maipo.
El Río Maipo es la principal fuente de agua potable para la Región Metropolitana, abasteciendo a cerca del 40% de su población, su preservación es crucial para la seguridad hídrica de millones de personas. Además, la cuenca alberga ecosistemas acuáticos esenciales, con especies de flora y fauna en riesgo, como la Carmelita (en peligro de extinción), el Bagrecito, la Pocha, la Trucha y el Pejerrey chileno, en categoría vulnerable, entre otras especies.
Por una parte, el PPDH de la Cuenca del Río Maipo permitirá establecer medidas concretas a las fuentes emisoras para reducir la contaminación y, por otra parte, mejorará la calidad del agua garantizando su disponibilidad a largo plazo.
En el ámbito de la biodiversidad, los últimos años han mostrado avances significativos, como la declaratoria de nuevos humedales urbanos -entre ellos el Mapocho y el Maipo- que amplían la superficie protegida en la región y permiten restaurar espacios ecológicos fuertemente degradados por décadas de urbanización. Ambos humedales actúan como corredores biológicos, reguladores del clima urbano y refugios de biodiversidad, y su declaratoria marca un nuevo estándar de planificación ecológica para la región.
A la fecha, en la RM se han declarado 17 humedales urbanos al amparo de la Ley N°21.202, que suman 7.906,9 hectáreas distribuidas en 21 comunas. La generación de una gran red de humedales urbanos y periurbanos protegidos en la región, donde los humedales Mapocho y Maipo son ejes estructurantes, permitirá el desarrollo de una ciudad más sustentable que permitirá integrar la protección de la biodiversidad y el uso público de estos ecosistemas.
Pese a todos estos avances, no podemos olvidarnos que la degradación ecosistémica sigue siendo un desafío crítico: la pérdida de vegetación nativa, la fragmentación ecológica y el avance inmobiliario en zonas periurbanas continúan erosionando la resiliencia de la región frente a eventos climáticos extremos, y por ello seguir trabajando en ordenanzas municipales que garanticen la preservación de los humedales y sus ecosistemas es vital.
Una política pública que cambió el ecosistema regulatorio ambiental en Chile, y en la RM, en estos últimos años fue la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), una normativa que -junto con fijar obligaciones y nuevas reglas- ha comenzado a transformar la forma en que producimos, consumimos y disponemos nuestros residuos.
Entre los años 2024 y 2025, comenzaron a regir completamente las metas para envases y embalajes y para neumáticos fuera de uso, junto con mayores exigencias en materia de trazabilidad y reportabilidad. Comenzaron a funcionar los Sistemas de Gestión quienes, en conjunto con los gestores y Recicladores de Base, permitirán cumplir con las metas de recolección y valorización de productos prioritarios cerrando espacios de informalidad que por años dominaron el sector.
Pero más allá del marco regulatorio, los datos duros revelan los avances y desafíos futuros. El Estudio de Estadísticas del Reciclaje 2024 muestra que, aunque ingresaron al mercado 1,96 millones de toneladas de envases y embalajes, solo el 33% fue valorizado. Materiales como el papel y cartón alcanzan tasas respetables de 48,9%, pero otros -como el cartón para líquidos- apenas llegan a un 3,2%, reflejando la dificultad tecnológica de su reciclaje. A lo que se suma, según ASIPLA, que muchos procesos operativos para envases y embalajes aún presentan trabas logísticas, falta de trazabilidad y baja adhesión municipal, además de que solo el 16% de la población declara conocer la Ley REP, y la preocupación ambiental ocupa un lugar sorprendentemente bajo en las prioridades ciudadanas. Entonces, no basta con exigir responsabilidad a productores; también se requiere educación ambiental activa y sostenida, y una participación municipal real en los sistemas de gestión.
La pregunta que surge es ¿la Región Metropolitana está avanzando en la velocidad y dirección necesarias para enfrentar un escenario ambiental que, por sí solo, ya es exigente?
Los datos de últimos años nos indican avances normativos importantes, aumento de la información pública y mayor protección ecosistémica; así como avances en la descontaminación atmosférica, la capacidad de adaptación climática y una Ley REP que está instalando en la ciudadanía la idea de que el ciclo de vida del producto no termina en la basura, que la responsabilidad es compartida y que los residuos son materias primas en espera de una segunda vida.
En estos cuatro años, la RM ha demostrado esfuerzo, pero aún existen muchos desafíos que sortear, entre estos el fortalecimiento de la gobernanza ambiental regional, la transición energética justa, la adaptación climática en el diseño urbano y, sobre todo, reconocer que la protección del medio ambiente no es un lujo, sino una condición fundamental para la justicia social y la calidad de vida.
Porque si algo han dejado claro estos últimos cuatro años, es que el bienestar de la Región Metropolitana depende -más que nunca- de su capacidad para convivir con los límites ecológicos y restaurar aquello que por tanto tiempo descuidamos, de la mano de la ciudadanía, la academia, el sector privado y el Estado.
