Por Waldo Lobos B.
Para la Región Metropolitana, el epicentro de la crisis de los residuos de fines de julio estuvo en Quilicura, donde el bloqueo de la estación de transferencia que deriva la basura al relleno sanitario Loma Los Colorados gatilló la alerta ambiental para todas las comunas afectadas por la paralización de los recolectores.
La importancia estratégica de Quilicura no es reciente, porque dentro de su territorio se encuentra –pese a que el nombre diga lo contrario- el ya cerrado vertedero Cerros de Renca, que hasta 1996 atendía a 16 comunas de Santiago.
Quilicura ha sido también, en los últimos 20 años, escenario del crecimiento inmobiliario explosivo de la ciudad y por lo tanto enfrenta problemas de gestión de residuos propios de la mayor parte de los municipios del país. El más importante desafío, que en gran medida refleja las deficiencias estructurales del sistema, ha sido adecuarse a un contrato de licitación, firmado en 2008, que no consideró en sus bases un elemento estructural básico: el crecimiento de la población.
“De 2008 a 2013, la cantidad de habitantes de la comuna creció de 180 mil a 230 mil personas, uno de los incremento de población más fuertes en el país”, sostiene Gloria Guerra, jefa del Departamento de Medio Ambiente de esta Municipalidad. Al explicar el impacto de esta situación, señala que si bien la recolección de basura, que asciende a las 60 mil toneladas promedio por mes, se cumple en un 100%, los tiempos en que sucede no son los óptimos dentro de lo que dice el ‘manual de la gestión de residuos’. “Los sectores socioeconómicos bajos son los más afectados por esta situación, viéndose usualmente sucios, por un problema de concentración de habitantes y un elemento cultural relacionado con el manejo de la basura”
Guerra explica que por el hecho de que la mayoría de las viviendas sociales forman parte de departamentos de 3 o 4 pisos, lo más aconsejable para el municipio ha sido la instalación de contenedores de 240 litros para que la gente deposite la basura. Sin embargo, esta práctica se ha transformando en un problema ambiental para la comuna. “Cuando el camión recoge la basura, de inmediato la gente va a depositar nuevos residuos, provocando que se genere un punto infeccioso en el radio del contenedor, siendo que para la próxima recogida faltan 2 o 3 días más”.
Agrega que debido a la nula proyección que se hizo en el contrato sobre la cantidad de contenedores −que se basó solo en lo que requería la comuna en 2008− el sistema estará colapsado en 2014, cuando se llame a licitación nuevamente.
Por ello, junto con hacer las estimaciones correctas en el próximo contrato, Quilicura planea adquirir recipientes unifamiliares (60 litros) a través de un proyecto que fue presentado este año al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), lo que supondría un ahorro para el municipio al no incluirlos como un costo adicional en la licitación.
“Esta iniciativa se proyecta para sectores de escasos recursos donde hemos visto conductas ordenadas en cuanto a residuos. De igual forma, el proyecto tiene que ir acompañado de educación ambiental, que remarque a la población la importancia de mantener los recipientes dentro de las casas y que sólo los saquen cuando pase el camión recolector”.
Guerra aclara que aunque se obtenga el FNDR, los contenedores no podrán ser utilizados hasta el inicio del nuevo contrato, dado a que los camiones que operan actualmente no tienen la tecnología para alzarlos.
Quilicura posee, además, uno de los parques industriales más grandes de Chile. Esta característica agrega otra deficiencia a la gestión de basura de la comuna, pues no existe un catastro de sobreproductores. De esta forma, el municipio desconoce la cantidad de residuos asimilables a domiciliarios de los que se hace responsable, considerando que la normativa dice que después de la generación de 60 litros diarios de residuos, las industrias deben pagar una tarifa especial.
“Es un problema serio para el presupuesto del municipio, ya que estimamos que una cantidad importante de industrias no están pagando esas toneladas de más. Por ello, el alcalde le ha encomendado al departamento de Medio Ambiente la realización de un catastro de residuos asimilables de industrias, el que esperamos tener finalizado antes de adjudicar la próxima licitación”, afirma la funcionaria.
A nivel de gestión, ¿Por qué se cometieron tantos errores en el contrato de licitación de 2008? ¿Qué ha cambiado en el municipio para creer que éstos no se repetirán?
Tiempo atrás, la tendencia en la mayoría de los municipios era que la gestión de residuos era un tema menor. De hecho, el departamento de Aseo y Ornato, encargado de diseñar los contratos de licitación, era denominado como “la huesera”, ya que era el lugar donde iban a parar todos los funcionarios municipales castigados. Quilicura no era ajeno a esto, por lo que puedo asegurar que el contrato firmado en julio de 2008 fue diseñado de mala forma, principalmente por la poca calificación de los profesionales que ejercían en ese momento. El departamento del Medio Ambiente, en el que yo ya ejercía como directora, fue excluido de ese procedimiento.
Cuando salió electo el alcalde Juan Carrasco (diciembre de 2008) se encontró con este contrato mal diseñado y los problemas que estaba generando en la comuna, que implicaban el adecúo constante con la empresa que presta el servicio, Starco Demarco, específicamente para lograr el aumento en la frecuencia de la recolección.
El alcalde ha señalado que la nueva licitación será el sello de su administración, por lo que ha encargado que Medio Ambiente tenga injerencia en este procedimiento, considerando que en este departamento existe gente con experiencia en este tipo de contratos.
Reciclaje
En el nuevo contrato de licitación, que será adjudicado en julio de 2014, el municipio quilicurano busca incluir dos camiones que se especialicen en la recolección de material reciclable. Éste sería el paso inicial de un programa del municipio, que según Guerra empezó hace un año con la búsqueda de sitios que traten este tipo de residuos, la planificación de una red de puntos limpios y la implementación de una intensiva educación ambiental en la comunidad, con énfasis en colegios.
Guerra afirma que el funcionamiento correcto de este tipo de proyectos depende en gran parte de la concientización de los vecinos en cuanto al desarrollo del reciclaje.
“Suele ocurrir que en las comunas existen muchas luces con respecto al tema del reciclaje. Sin embargo, si un municipio no muestra estadísticas sólidas sobre una disminución efectiva de la cantidad de residuos que ingresan a disposición final, las campañas no sirven para nada, más que ser un acto bonito para la población”, indica la profesional.
¿Se refiere a alguna comuna en particular?
Vitacura. Es reconocida por sus “políticas de reciclaje”, que tienen bastante cobertura de prensa. Pero si se revisan las estadísticas, ¡es la comuna que genera más residuos por persona en el país, con 2,09 kilos diarios!
Por otro lado, en mi labor como asesora técnica del Consejo de Alcaldes de Cerros de Renca (el alcalde de Quilicura preside actualmente la asociación de municipios que nació en torno de la gestión del desaparecido vertedero y que busca trabajar de manera conjunta los problemas de la basura), presencié en una oportunidad que el material reciclable del municipio de Providencia, que tiene una extensa red de puntos verdes, estaba siendo destinado desde la estación de transferencia de Quilicura al relleno sanitario en Til Til. Al consultar por qué estaba sucediendo esa irregularidad, me explicaron que había fallado el centro de acopio que tiene la comuna para tratar esos residuos reciclables.
Entonces, me queda claro que el reciclaje solo está siendo utilizado como un mecanismo de popularidad, ya que los municipios no han encontrado la estrategia para hacerlo rentable y generar políticas de largo aliento.
Según Guerra, es importante que la futura ley de residuos incluya incentivos para el financiamiento del reciclaje, a través de subsidios. Empleando la misma estrategia, señala que los municipios deben buscar políticas que impulsen a los vecinos a separar sus residuos. Destaca el ejemplo de Conchalí, cuando a mediados de la década del 2000 asignó un descuento en los derechos de aseo a las personas que reciclaban. No obstante, “la iniciativa no siguió adelante debido al cambio de autoridades, por lo que es importante eliminar el factor político en todas estas decisiones”, señala Guerra.
Aproximadamente un 50% de los residuos de Quilicura son orgánicos, señala la funcionaria. Ante ello, se ha planteado la creación de una planta de compostaje que reciba este tipo basura, o bien entregar estas fracciones vegetales a una empresa externa, sin costos para el municipio. “Aunque no desestimamos la complejidad de este proyecto, principalmente por la separación en origen de los residuos, resulta ser mucho más económico para la comuna ejercer esta gestión que seguir manteniendo las tasas de basura orgánica que son destinadas al relleno sanitario”.
Paro de recolectores
Gloria Guerra es palabra autorizada para referirse al paro de recolectores que se vivió a nivel nacional durante los últimos días de julio, pues fue encargada de la comisión de Aseo y Ornato de la Asociación de Municipalidades de Chile mientras era funcionaria en la comuna de Conchalí, en la administración de Carlos Sotolicchio (1992-1996).
Sobre las demandas salariales de los trabajadores, Guerra señala que éstas se vienen repitiendo desde hace dos décadas. A ello, afirma que esta condición no es tan simple de resolver, pues hay una estructura mal diseñada que atenta contra los recolectores.
“No se puede legislar sobre la imposición de un sueldo base para estos trabajadores, ya que no sería justo para otros sectores laborales. Por otro lado, si bien los municipios pueden incorporar indicaciones en los contratos de licitación, que resguarde a los recolectores, aquello significa un alza en los costos, que no todas las comunas están en condiciones de hacer, dado que actualmente la mayoría de éstas gastan entre el 25 y 35% de sus ingresos en la gestión de residuos.
Por ello, el salario de los trabajadores más sus condiciones laborales deberían ser cubiertas por los gobiernos regionales a través de subsidios que se entreguen a las comunas, asociados a los contratos firmados”.