Un nuevo paso en la implementación del Acuerdo de Escazú dio el Gobierno. En el Palacio de la Moneda, específicamente en el salón Montt Varas, se realizó la sesión de instalación del Consejo Nacional de Escazú, órgano de carácter interinstitucional y participativo que tendrá la misión de acompañar, coordinar y hacer seguimiento del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE).
La sesión de constitución se realizó en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, y fue presidida por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, que junto a representantes de ministerios, servicios públicos, tribunales ambientales, pueblos indígenas, sociedad civil, academia y sector privado, acordaron los lineamientos de trabajo del órgano y escogieron –con 16 votos a favor- a la consejera Constanza Dougnac, representante de la ONG FIMA, como la vicepresidente.
Tras la sesión, la ministra Rojas destacó el inicio del Consejo, asegurando que “el Acuerdo de Escazú es una herramienta concreta para fortalecer nuestra democracia ambiental, ya que garantiza que las personas puedan acceder a la información, participar en las decisiones que afectan sus territorios y acceder a la justicia cuando sus derechos se vulneran. Con este Consejo Nacional queremos asegurar que Escazú no sea sólo un tratado en el papel, sino un compromiso vivo del Estado de Chile con las comunidades y con quienes defienden el medio ambiente”.
Dougnac, en tanto, valoró el inicio de este organismo. “Nuestro país está avanzando en la gobernanza nacional del Acuerdo de Escazú. Hay un gran desafío en este Consejo para conducir el seguimiento de la aplicación del Plan de Implementación Participativa y también para detectar aquellas áreas en las cuales es necesario poner más esfuerzo”, reconoció.
El Consejo Nacional organizará su trabajo en torno a los pilares del Acuerdo de Escazú, que son información, participación, justicia ambiental y protección de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Además, contará con un calendario anual de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como comités específicos, entre ellos uno dedicado a personas defensoras.
La creación de este Consejo busca profundizar la participación y la transparencia en materia ambiental. También tienen como misión asegurar que la implementación del Acuerdo de Escazú sea una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno y contribuya a enfrentar, con más justicia y democracia, la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación que afecta al país y al mundo.
