Ayer martes circuló información referente al cierre de Mina Invierno, yacimiento ubicado en Isla Riesco, para noviembre próximo, producto de la decisión adoptada hace dos semanas por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que rechazó una solicitud de la minera para revertir una medida cautelar que regía desde marzo y que impedía que se operara con tronaduras por el daño ambiental que esto generaría en la zona.
“Mina Invierno aún no ha tomado una decisión de cierre como ha circulado en algunas versiones de prensa. Vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos desde el punto de vista legal para intentar revertir esta situación, pero la variable tiempo es crítica”, señaló Guillermo Hernández, gerente regional de Mina Invierno mediante un comunicado.
Ante esta situación, el director nacional de Greenpeace, Matías Asún, indicó que si la empresa se está viendo afectada es porque no reconocieron desde un inicio que utilizarían tronaduras, lo que habría permitido visualizar que era un yacimiento inviable e incompatible con el medio ambiente.
“Esto es justamente el resultado de una gestión de una compañía que desde un principio ocultó información, dijo que no iban a necesitar tronaduras y que no iban a tener impactos ambientales significativos, y lo que estamos viendo y hemos visto durante todos estos años es, simplemente, la confirmación de que ocultaron información y no fueron transparentes”, aseveró.
Agregó que “si se llegase a confirmar el cierre, cuestión que todavía está en debate, finalmente sería una confirmación definitiva de que siempre tuvimos la razón y que los verdaderos responsables de lo que se está viviendo están en la gerencia de la compañía al ocultar esa información. El foco debería estar en los trabajadores, en las personas que hoy tienen que sufrir las consecuencias de una gestión pobre por parte de la gerencia de Mina Invierno”.
Además, desde la minera aseguraron que seguirán tomando todas las acciones legales pertinentes para lograr revocar la medida e implementar las tronaduras. Por esto, es que el pasado 19 de junio ingresaron al Tribunal Ambiental un escrito para solicitar, nuevamente, el alzamiento de la medida cautelar, argumentando desproporcionalidad del dictamen en el ámbito social, económico y ambiental.
Al respecto, el abogado de la ONG FIMA, Ezio Costa, explicó que “el procedimiento judicial de Mina Invierno en el Tercer Tribunal Ambiental no se encuentra resuelto todavía, está en acuerdo, lo que quiere decir que los ministros del Tribunal ya tienen un resultado pero todavía no redactan la sentencia ni la publican. Por lo tanto, lo que se está esperando es que salga ese resultado y ver cuáles serán las siguientes cuestiones jurídicas que se van a hacer, probablemente las partes van a acudir a la Corte Suprema posterior al resultado”.
Mina Invierno está ligada a Empresas Copec y Ultramar, de las familias Angelini y Von Appen, y con el ejercicio de las tronaduras el yacimiento pretendía aumentar su producción de 2,3 millones de toneladas a 4 millones.
Para el fallo judicial que impide las tronaduras ya habían adelantado que paralizarían las faenas y no descartaron su cierre. Por ahora, solo confirmaron el despido de 150 trabajadores propios, los que se habrían efectuado este martes, alcanzando así 230 empleados propios desvinculados durante 2019.
