Por Francisco Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama).
Mañana martes el Senado se pronunciará sobre uno de los aspectos centrales de la agenda legislativa pro-inversión que impulsa el gobierno: la eliminación de los criterios legales para evaluar ambientalmente las centrales generadoras de energía. Dicho proyecto de ley ha sido cuestionado por diversos actores debido a que, como era de esperarse, enfatiza el aspecto puramente económico, que no es otro que acelerar procedimientos que faciliten la inversión modificando distintos cuerpos legales referentes al agua y a la evaluación de impacto ambiental.
Sobre este punto, como representante de las trabajadoras y los trabajadores públicos de la institucionalidad ambiental, ya hemos expresado nuestra negativa opinión sobre dicho proyecto, ya sea tanto en las presentaciones que hemos realizado tanto en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara como en el Senado. En efecto, lo que hace el proyecto del actual gobierno, es debilitar la ley ambiental chilena, al dejar los criterios de dicha política pública a lo que señale un reglamento cuya modificación siempre depende de los intereses del gobierno de turno.
Si bien consideramos que es perfectible el actual criterio que contempla la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente en relación a decidir cuáles proyectos energéticos deberán evaluarse y cuáles no, creemos que no se está dando una discusión a la altura de los tiempos en relación a cuál es la política pública que queremos tener como país frente al necesario recambio de nuestra matriz energética que según, los más variados actores, no puede ser otra que una que esté basada en las energías renovables no convencionales. Para eso se requiere una discusión y una legislación que avance hacia ese objetivo y no la que intenta aprobar el gobierno.
Aún más, el proyecto incumple su propio eslogan, puesto que lejos de darle más certezas a la ciudadanía, a los sectores y organizaciones preocupadas por el medio ambiente, e incluso a los inversionistas, la propuesta del gobierno no es previsoria, ni complementa, ni mejora el criterio legal vigente. Más bien lo que hace, es que recaiga toda la decisión de la política pública ambiental en un organismo técnico: en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), evitando dar una discusión integral sobre el perfeccionamiento del resto de los instrumentos ambientales.
Ello implica al menos dos consecuencias perjudiciales para las políticas públicas:
- Los cambios al reglamento serán más frecuentes y a gusto del consumidor, dado que es una norma fácil de modificar según los intereses y las presiones políticas del momento. Esto generará más incerteza jurídica y económica para los inversionistas y para las comunidades.
- Asimismo, las comunidades perderán el derecho a participar en los procesos de instalación de las empresas intensivas en uso de suelo, como las centrales hidroeléctricas, eólicas y solares. Actualmente, con todas las limitaciones que hoy cuenta el proceso de participación ciudadana, la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, permite legitimar socialmente su intervención en los territorios; que la ciudadana se enteré de los proyectos y se haga parte de su evaluación; posibilita la existencia de un mínimo de diálogo entre los titulares y la ciudadanía; e institucionaliza un proceso de evaluación ambiental que, hasta el momento, es el único vigente y al cual pueden recurrir, tanto a través de los tribunales ambientales como de la justicia ordinaria, todas las partes comprometidas en el proceso de evaluación ambiental.
Por ello, se hace imperioso rechazar la propuesta del gobierno sobre la regulación de las centrales de energía en el proyecto de ley pro-inversión (boletín 11747-03) y, a su vez, proponer un nuevo proyecto de ley que permita tener una discusión país sobre qué impactos estamos dispuestos a tolerar en relación con la generación de energía.
