Crisis en la gestión de residuos: La postura de los municipios

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 El vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades analiza la crisis que dejó en evidencia lo vulnerable del sistema de gestión de residuos domiciliarios.

 

 

Por Waldo Lobos B.

 

Los últimos días de julio recolectores de basura de 50 comunas del país paralizaron sus funciones en demanda de mejores condiciones laborales y salariales. Además del mal olor en las calles por las toneladas de residuos sin recoger, la movilización dejó la incógnita de cómo opera este sistema, quién financia la recolección y por qué los trabajadores del sector tienen sueldos bajos si ejercen una función relevante para el país.

 

Los municipios tienen la obligación legal de recolectar los residuos y para financiarlo deben distribuir el costo que ello significa entre los hogares a los que prestan el servicio; sin embargo, no todos los vecinos cancelan, ya que la ley de rentas municipales deja exentos del pago de derechos de aseo a quienes tienen viviendas avaluadas en menos de 25 UTM, poco más de $1 millón. Pero son muchas más las que realmente no pagan porque los derechos de aseo se cobran junto a las contribuciones de bienes raíces y las viviendas de hasta $18 millones están exentas de este pago. Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), más del 65% de las propiedades urbanas no paga contribuciones.

 

Por su parte, según un estudio de la Universidad Iberoamericana, entre los contribuyentes que sí deben pagar por la recolección de basura, la mitad no lo hace, lo que genera una deuda de $150 mil millones por año.

 

Esto, unido a que no todas las municipalidades incluyen todos los costos en el cálculo final de la tarifa, ocasiona que en promedio solo se recaude directamente el 30% de los costos de recolección y disposición final de residuos sólidos domiciliarios. El 70% restante es financiado por municipios, indicó un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo.

 

“El impacto es más grave en las comunas con menores recursos, pues en ellas hay más inmuebles exentos del pago de contribuciones”, explica el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Iván Borcoski.

 

Aquello queda graficado en las cifras de la gestión del municipio de Puente Alto, que destina $2.800 millones a la recolección y disposición final de residuos pero recauda $220 millones por contribuciones. O, en Pedro Aguirre Cerda, donde el servicio cuesta $1.600 millones y percibe cerca de $50 millones.

 

“Los municipios destinan, en promedio, cerca del 30% de sus presupuestos a esta cuenta. Entonces, solicitamos en las negociaciones por el paro de recolectores que no nos hagan a nosotros responsables del alza salarial, que asciende a casi los $50 mil millones por año, porque de nuevo estaríamos pagando por las desigualdades de Chile, como ya sucede con el sistema educacional y la salud”, manifiesta Borcoski.

 

El ex concejal de El Bosque explica que la ACHM viene trabajando desde el año pasado junto a la Federación de Trabajadores de Empresas de Aseo, Jardines y Rellenos Sanitarios (Fenasinaj) en la búsqueda de mecanismos para mejorar las condiciones laborales de éstos, específicamente en temas de seguridad e higiene, con el objetivo de estandarizar las bases de licitación de los municipios en pos de estos requerimientos.

 

Añade que si bien en junio se llegó a un acuerdo entre la asociación y el Ministerio del Trabajo sobre estas licitaciones estándares, en el intertanto los trabajadores de las empresas privadas de recolección ingresaron un petitorio a la cartera de gobierno en el que exigían mejoras salariales, poniendo como piso el sueldo que reciben los empleados municipales.

 

“Planteaban que un pioneta que gana $300 mil pase a ganar entre 400 y $450 mil. Y que un chofer, que actualmente recibe $ 450 mil, sus remuneraciones asciendan a $700 mil”, señala Borcoski.

 

La no respuesta a la misiva, según el funcionario, fue la razón por la que los recolectores convocaron al paro el lunes 29 de julio. Ese mismo día, el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, citó a una reunión de emergencia para resolver el conflicto.

 

“ACHM planteó un documento que contenía el espíritu de lo que veníamos trabajando hace un año con los sindicatos más un anexo correspondiente a la demanda salarial:

 

-Que las condiciones laborales no solo estuviesen en las bases técnicas de licitación, sino que también se incorporaran en un estatuto especial para los trabajadores del sector en el Código del Trabajo, así como lo tienen choferes de colectivos o asesoras del hogar.

 

-La creación de una legislación específica que regule el mercado de los residuos sólidos domiciliarios, con la creación de una norma para todo el sector y que incorpore la creación de una Superintendencia.

 

-Una ley que otorgue un subsidio por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) a los municipios con el fin de cubrir el aumento de los salarios de los trabajadores.

 

No obstante, con la exigencia de este último punto, las conversaciones se entramparon y el ministro dio por finalizada la reunión aquel día, situación que provocó que la paralización se mantuviera, con alerta ambiental en la Región Metropolitana de por medio, hasta el miércoles 31 de julio cuando las empresas recolectoras ofrecieron un bono de $80 mil a los trabajadores por término de conflicto y la promesa del ministro Jovet de instaurar mesas técnicas de trabajo para discutir las demandas”, indica Borcoski.

 

El funcionario asevera que en la primera mesa de trabajo (6 de agosto) todo volvió a cero, con lo que afirma que la tendencia de los gobiernos ha sido dilatar este asunto.

 

Pese a eso, ¿La solución no estaría en mejorar los contratos de licitación de los municipios con el fin de que las empresas paguen el alza que piden los trabajadores?

 

Como es un servicio que representa gran parte del presupuesto municipal, la tendencia es a adjudicar a las empresas cuyas ofertas, cumpliendo con lo técnico, son más económicas.

 

Como entre un 30% y un 40% de los costos de las empresas de aseo está en la mano de obra, para competir deben bajar todos sus gastos al mínimo y los sueldos se ven afectados, sobre todo si en las bases de licitación no se pone un piso mínimo.

 

Lo máximo que han podido realizar los municipios hasta ahora es pedir sueldos superiores al mínimo legal y la no cancelación de facturas a las empresas que no tengan pagadas las imposiciones de sus trabajadores.

 

Por ello, planteamos que luego que se establezca el nuevo piso salarial para los trabajadores, sea la Subdere la que financie esa diferencia, lo que veo muy viable de suceder. El asunto es que esa ayuda trascienda a esta crisis sindical y se consolide como una mirada más integral de la gestión de residuos y se aliviane la carga a los municipios.

 

Ley de residuos

 

Cada chileno produce en promedio un kilo de basura al día. Es decir, en un año, una familia de tres personas produce una tonelada de residuos.

 

Según el Primer Reporte de Manejo de Residuos Sólidos de la Conama (2012), el total de residuos domiciliarios está cercanos a los 6,5 millones de toneladas anuales. De acuerdo a esa cifra, en 2012 los municipios gastaron $208 mil millones en recolección y disposición de basura, lo que  equivale a la construcción de cuatro hospitales de tecnología de punta como el que se inauguró el año pasado en Punta Arenas.

 

Por ello, no es un misterio para nadie la necesidad de generar una cultura de reciclaje y una legislación correspondiente, como lo sería la Responsabilidad Extendida del Productor, que serviría como la antesala de una Ley General de Residuos.

 

Borcoski señala que en las mesas de trabajo, la ACHM pondrá énfasis en que junto a esas leyes, el país requiere que los gobiernos regionales construyan al menos dos plantas de reciclaje por región, que estén vinculadas a los municipios a través de corporaciones público-privadas.

 

“La Subdere ha inferido que el país requiere 27 rellenos sanitarios más por los niveles de residuos que se tienen proyectados en 10 años. Teniendo en cuenta los costos que ello tiene, tanto monetario como a nivel ambiental, es relevante que el reciclaje aparezca fuertemente en la agenda gubernamental del próximo gobierno para que esto no se transforme en un círculo vicioso”, señala el profesional. 

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