Como un enorme precedente jurídico en materia de responsabilidad medioambiental calificó Greenpeace la sentencia de la Corte Suprema que revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, en su lugar, acoge los recursos de protección interpuestos por la comunidad y distintas organizaciones ciudadanas que, en lo sustancial, establece que el Estado ha sido responsable del nivel de vulnerabilidad ambiental en el que habitan los territorios de Puchuncaví Quintero y obliga a distintas entidades de gobierno para que adopten diferentes medidas en favor de los afectados por la contaminación en la zona de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
La resolución del máximo tribunal del país responde a un recurso interpuesto en contra del Presidente de la República, el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, ante la respuesta que el gobierno ha tenido frente a los graves episodios de contaminación generados en la zona.
En este sentido, la Corte Suprema, en su primera consideración, señala que “la autoridad deberá efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer de manera cierta y fundada cuál es el método más idóneo y adecuado para determinar la naturaleza y características de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví”.
Para Matías Asun, director nacional de Greenpeace, “el máximo tribunal del país no sólo obliga a desarrollar este estudio, sino que obliga de manera perentoria al gobierno para que, en un plazo máximo de un año, implemente las medidas correctivas necesarias. En la práctica es un reconocimiento claro de que el Estado no ha estado cumplido su obligación de garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la zona, cuestión que evidenció la emergencia y por ello obliga al gobierno no solo a proteger de manera efectiva y perentoria a los vecinos de esta zona de sacrificio, sino que señala que la autoridad debe revisar las autorizaciones ambientales entregadas a las empresas instaladas en la zona y evaluar el efecto sinérgico que estas tienen sobre la salud y el medio ambiente”.
En otro de los puntos de la sentencia de la Corte Suprema se señala “la elaboración de un diagnóstico de base de las enfermedades detectadas a la población de esas comunas que permita determinar qué patologías han sido producidas por la contaminación del aire, del suelo y del agua; asimismo, deberá implementar un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de esas patologías”.
En uno de elementos más llamativos de su sentencia, la Corte Suprema obliga al Estado al traslado de las personas directamente afectadas por estas emergencias contaminantes en la zona. Pero no solo de los pacientes directamente afectados, sino que amplía su protección a la ciudadanía vulnerable.
“La corte es clara y enfática en señalar que cada vez que se produzca un evento crítico de contaminación, la población vulnerable será trasladada desde la zona afectada hacia lugares seguros y mientras perdure el señalado episodio. En la práctica se trata de evacuaciones masivas de protección que no tiene precedentes en nuestro país”, señala Matías Asun.
Por último, el director nacional de Greenpeace señaló que esta sentencia refuerza la idea de que el gobierno debe acelerar el anuncio de la eliminación del carbón de nuestra matriz energética. “Con la COP a la vista no queda más camino que, no solo hacer cumplir a cabalidad esta sentencia, sino que el presidente debe tomar la decisión del cierre de las termoeléctricas al 2030”.
