El Gobierno ingresó una indicación sustitutiva al proyecto de delitos ambientales, que entró a tramitación en enero de este año y que incluye cambios respecto a la iniciativa original.
Entre las principales modificaciones, las multas se incrementaron en más de tres veces en el caso de la sanción máxima.
El rango del proyecto original era entre 500 UTM (cerca de $24,5 millones) a 1.000 UTM (unos $147 millones) y ahora pasaría desde 100 UTM (unos $5 millones) hasta 3 mil UTM (cerca de $147 millones).
“Después de escuchar a la Corte Suprema y las sugerencias que hacía en referencia a esto, se establece expresamente la definición de daño ambiental”, afirmó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, según consigna La Tercera.
Además, hubo una modificación a los titulares de la acción penal. Es decir, en el proyecto original la acción estaba a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente y ahora quedará en manos del Ministerio Público, quien podrá iniciar de oficio las investigaciones.
A su vez, se mantuvo la responsabilidad penal de las personas jurídicas que cometen delitos ambientales, pero establecieron una lista con los delitos que toda empresa debe prevenir, esto sin importar el giro que tengan.
Sobre los principales cambios a la iniciativa, Jorge Cash, ex fiscal del Ministerio del Medio Ambiente y uno de los expertos que fue parte de la creación de la propuesta de la comisión, aseguró que extraña “la ausencia de normas de atribución de responsabilidad penal a directivos”, ya que “sin eso, se va a seguir responsabilizando al operario menor”.
