En mayo de 2016 estalló en Puerto Montt y Chiloé una de las protestas más violentas que recuerde el sur de Chile. El comercio y turismo se paralizaron. “Afectó hasta la distribución de productos a la isla; las ventas cayeron un 40%, según lo reportado por los comerciantes del borde costero”, recuerda el presidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Puerto Montt, Carlos Stange.
La conectividad entre el continente y el archipiélago también se suspendió. Hubo marchas y barricadas. La razón: los pescadores artesanales culpaban a las salmoneras y al vertimiento de miles de salmones descom- puestos frente a las costas de Punta Corona, como los supuestos causantes de la mortandad de la fauna marina.
El antecedente es que en febrero de ese año apareció marea roja en las costas de la región, fenómeno que para abril iba en retirada. Sin embargo, fotos con toneladas de aves y especies marinas muertas en las playas chilotas siguieron copando titulares de la prensa nacional e internacional. “Nunca antes en la historia había ocurrido algo así”, explicó la fiscal Pamela Salgado, quien ratificó a La Tercera una nueva consecuencia de aquel episodio, esta vez legal: la próxima formalización del exdirector de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar), Osvaldo Schwarzenberg, por autorizar aquel vertimiento de salmones muertos al mar.
Capítulo complejo
La efervescencia social de 2016 fue tal, que la entonces Presidenta Michelle Bachelet envió al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, a Los Lagos para lograr un acuerdo con los pescadores artesanales.
Tras largas reuniones y quiebres al interior del movimiento social, se acordó que el Estado entregaría un bono de aproximadamente $ 150 mil a cada uno de los 22 mil pescadores artesanales inscritos, durante ocho meses. Mientras, la industria salmonera cuantificó sus pérdidas en US$ 20 millones de dólares, debido a la mortandad de 27 mil toneladas de salmón, provocado por el alga Chattonella sp.
El bono amainó los ánimos y se recuperó la conectividad del Canal de Chacao, pero los pescadores siguieron protestando contra el vertimiento ante los Tribunales de Ancud, Maullín y Puerto Montt, donde se querellaron contra quienes resultaran responsables.
Así, a más de dos años de que la fiscalía comenzó a investigar, ya tiene los primeros resultados.
El 21 de noviembre formalizará, ante el Juzgado de Garantía de Ancud, al vicealmirante (R) Osvaldo Schwarzenberg Ashton, como autor del eventual delito de prevaricación administrativa, por “dictar una resolución manifiestamente injusta y arbitraria en el ejercicio de sus funciones y que dicha resolución trajo aparejada una serie de consecuencias”, explicó la fiscal del caso, Pamela Salgado, aludiendo a la resolución que permitió arrojar especies descompuestas al mar.
Resolución 114
El 4 de marzo de 2016, el entonces jefe de la Directemar, organismo de la Armada, basado en un informe que elaboró Sernapesca, dictó la resolución 114, con la que autorizó a la Asociación de la Industria del Salmón en Chile A.G. (Salmón Chile S.A.) a verter 9.000 toneladas de salmón en descomposición al mar, asegurando que dicho informe indicaba que “el desecho de pescados es orgánico y sus propiedades químicas, físicas y biológicas no afectan al ecosistema acuático”. Sin embargo, finalmente 4.600 toneladas se depositaron en el océano.
“El vertimiento no era la única opción”, agrega la persecutora (ver nota en página 15), quien ordenó un bioensayo a la Universidad Austral de Chile, que estableció que “efectivamente, recreando las condiciones marinas en un laboratorio, se pudo establecer que había un daño potencial o la posibilidad de poner en peligro el medioambiente”, explicó la persecutora respecto de la inminente formalización del oficial, que se acogió a retiro en junio de 2017.
Luis Adue, presidente de Prodelmar y uno de los que encabezaron las protestas en 2016, comentó que “la justicia tarda, pero llega”. También recordó que “nunca antes vimos la cantidad de moluscos y aves que murieron esa vez (…); las pérdidas fueron incalculables”, debido a las prohibiciones de extracción que entonces dictó la autoridad sanitaria, ante el riesgo de las toxinas para la vida humana.
Para Freddy Cárdenas, uno de los pescadores artesanales que se querelló, la formalización de cargos “demuestra que ellos realmente cometieron los errores que siempre dijimos los pescadores”.
Pablo Oyarzo, miembro de la Mesa de Marea Roja en la zona, en tanto, anticipó que el actuar de la fiscalía “aumenta la posibilidad de que finalmente seamos escuchados en nuestra demanda por lo ocurrido
