Durante décadas, el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos. Esta es una de las conclusiones principales del Informe sobre “Empresas y Biodiversidad” que ha publicado recientemente la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).
Los datos son reveladores: en 2023, los flujos financieros públicos y privados globales con impactos negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7,3 billones de dólares, de los cuales la financiación privada representó 4,9 billones de dólares, y el gasto público en subsidios ambientalmente perjudiciales fue de alrededor de 2,4 billones de dólares. En contraste, se destinaron 220.000 millones de dólares públicos y privados a actividades que contribuyen a conservación y restauración de biodiversidad, lo que representa apenas el 3% de los fondos e incentivos públicos asociados a prácticas perjudiciales.
El reporte de IPBES (conocido como el “IPCC de la biodiversidad) revela que es el propio sistema económico mundial el que incentiva degradación ambiental, erosionando su propia base de riesgo ecológico, con subsidios e incentivos que hacen más rentable degradar ecosistemas que protegerlos.
Tenemos un problema: las empresas, desde la agricultura hasta los data centers, dependen directamente de la naturaleza, pero los sistemas actuales incentivan su destrucción profundizando riesgos sistémicos. Con políticas públicas adecuadas, cambios financieros y culturales, lo que es conveniente para la naturaleza debiera ser también lo mejor para la rentabilidad.
El informe de la plataforma intergubernamental propone métodos y más de 100 medidas específicas para cambiar el rumbo, categorizando las acciones necesarias en cuatro niveles de toma de decisiones: corporativo, de operaciones, de cadena de valor y de cartera.
El documento llama a los gobiernos a eliminar y redirigir los subsidios perjudiciales hacia incentivos que premien la conservación e insta a bancos centrales y reguladores a desarrollar marcos de evaluación de riesgos que obliguen a las instituciones a rendir cuentas sobre su dependencia de la naturaleza.
Para la banca privada y para los inversores, el mensaje es crear instrumentos innovadores (ej. bonos verdes de alta integridad o créditos de biodiversidad) además de exigir a sus clientes corporativos que adopten prácticas sostenibles.
En cuanto a las empresas, las medidas tienen foco en la transparencia y la operativa mediante trazabilidad total de sus cadenas de valor para identificar impactos ocultos. A nivel operativo, se releva la jerarquía de mitigación; es decir primero evitar el daño, luego minimizarlo y solo como último recurso, restaurar o compensar para una pérdida neta cero de biodiversidad.
El informe presentado por IBPES debería encender alarmas económicas y políticas. Es urgente y necesario un cambio transformador que permita armonizar rentabilidad de las empresas con lo que es beneficioso para la biodiversidad y las personas. Son imprescindibles medidas individuales, colectivas y colaborativas. Una mejor gestión de la biodiversidad significa hoy en definitiva, gestionar uno de los principales riesgos de nuestra economía.
