Del 19 al 30 de octubre, gobiernos, científicos, organizaciones ambientales y representantes de pueblos indígenas se reunirán en Ereván, Armenia, para la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). La cumbre llega en un momento decisivo: a cuatro años del plazo de 2030, el mundo debe evaluar cuánto avanzó en sus compromisos para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad, y qué necesita cambiar para cumplirlos.
Para América Latina y el Caribe, una de las regiones más biodiversas del planeta, las negociaciones tienen implicaciones directas. La conservación de bosques, humedales y océanos está vinculada con la seguridad hídrica y alimentaria, los medios de vida de las comunidades y el financiamiento para proteger los ecosistemas. También están en juego los derechos de los pueblos indígenas, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios económicos derivados de la biodiversidad.
Una evaluación global con consecuencias en América Latina
En 2022, durante la COP15 en Montreal, casi 200 países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, una hoja de ruta con cuatro objetivos generales y 23 metas para 2030. Entre sus compromisos figuran conservar el 30% de las tierras, las aguas continentales y los océanos; restaurar el 30% de los ecosistemas degradados; movilizar US$200.000 millones anuales para la biodiversidad, incluidos US$30.000 millones de financiamiento internacional; y reducir en US$500.000 millones al año los subsidios perjudiciales para la naturaleza.
La COP17 será la primera oportunidad para evaluar colectivamente los avances en la implementación del marco. El balance preliminar apunta a una brecha entre los compromisos asumidos y las acciones concretas: los países deben acelerar la implementación de sus estrategias nacionales de biodiversidad y resolver obstáculos relacionados con el financiamiento, la gobernanza y el seguimiento de las metas.
La urgencia es especialmente visible en América Latina y el Caribe. El informe Planeta Vivo 2026 de WWF y la Sociedad Zoológica de Londres estima que las poblaciones monitoreadas de vertebrados silvestres disminuyeron, en promedio, un 95% en la región entre 1970 y 2022, frente a un descenso global del 73%. Estos indicadores reflejan cambios en el tamaño de las poblaciones estudiadas, no el porcentaje de especies que desaparecieron.
La agenda de Ereván también pondrá el foco en cómo movilizar recursos y reformar los incentivos económicos que favorecen la degradación ambiental. La meta de reducir los subsidios perjudiciales contrasta con el volumen de recursos que siguen destinándose a actividades que dañan la naturaleza. Para los países latinoamericanos, será clave observar qué compromisos concretos se acuerdan para redirigir esos flujos, aumentar el financiamiento para la conservación y garantizar que los recursos lleguen a los territorios que más los necesitan.
Financiamiento y distribución de beneficios
Uno de los principales interrogantes de la COP17 será cómo convertir las promesas de financiamiento en recursos efectivos. En la COP16 de Cali, Colombia, los países avanzaron en la creación del Fondo de Cali, un mecanismo para que empresas de determinados sectores que utilizan información digital sobre secuencias genéticas de organismos contribuyan a la distribución de beneficios. El fondo busca que parte del valor económico generado a partir de esa información se destine a la conservación y a los países y comunidades que contribuyen a preservar la biodiversidad. Sin embargo, todavía debe demostrar que puede movilizar recursos a una escala significativa.
La discusión tiene especial relevancia para América Latina, que alberga una enorme diversidad biológica y conocimientos tradicionales asociados a ella. Los debates sobre recursos genéticos, información digital sobre secuencias y distribución justa de beneficios plantean preguntas sobre quién obtiene valor económico de la biodiversidad, quién debe contribuir a protegerla y cómo participan los pueblos indígenas y las comunidades locales en las decisiones.
Los derechos y conocimientos de los pueblos indígenas también atraviesan el conjunto de las metas globales. Aunque el marco reconoce su papel en la conservación, sigue siendo necesario traducir ese reconocimiento en participación efectiva, respeto por sus derechos y mecanismos que permitan proteger sus conocimientos tradicionales.
En Ereván, los gobiernos deberán avanzar además en la discusión sobre la arquitectura del financiamiento para la biodiversidad y sobre cómo reformar los subsidios e incentivos perjudiciales. El resultado de estas conversaciones ayudará a determinar si el marco global puede pasar de los compromisos políticos a medidas concretas antes de 2030.
