Cuando el Presidente Piñera se comprometió ante el mundo a llevar a cabo la COP25 de cambio climático, señaló que esta sería una “Blue COP” por el especial énfasis que se daría a los océanos en cuanto a su contribución a la mitigación del cambio climático y por ser espacios que son tremendamente impactados por el mismo fenómeno. Así, se propuso incluir este importante tema en la agenda de la COP y hacer una serie de eventos al respecto. Además, Chile incluyó por primera vez en la actualización de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas, o NDC por sus siglas en inglés, a los océanos como un ámbito relevante de acción para dar cumplimiento a las metas del Acuerdo de París.
En este instrumento Chile se compromete a crear nuevas áreas protegidas en al menos un 10% de las “ecorregiones marinas sub-representadas” a 2030; proteger al menos 20 humedales costeros como nuevas áreas protegidas al 2025 y al menos 10 humedales costeros más como áreas protegidas al 2030. También, se comprometen plazos para que las áreas marinas protegidas de Chile creadas hasta antes de 2020 y luego de 2020, cuenten con un plan de manejo o de administración, “contemplando en ello acciones de adaptación a los efectos del cambio climático”, y para que estos planes se encuentren bajo implementación efectiva (sólo en el caso de las áreas creadas hasta 2020).
Sin embargo, el cumplimiento de estos compromisos “azules” tiene varios desafíos. En cuanto a la primera meta, de acuerdo con la información publicada en World Database on Protected Areas (WDPA), tenemos actualmente en Chile 1.506.502 km2 de áreas marinas protegidas, lo que corresponde al 41,19% de cobertura de la diversidad marina de Chile. Dicha protección se realiza bajo figuras jurídicas, instrumentos e instituciones diferentes tales como: sitios del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, o SNASPE, parques y reservas marinas, reservas de la biósfera y áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU).
Pese a que con esta cobertura se cumple formalmente la meta de Biodiversidad de Aichi de conservar al menos el 10% las zonas marinas y costeras, preocupan las diferencias entre los niveles de protección para cada área y que aún exista una importante brecha entre la protección legal y la protección real en estos espacios. En efecto, sólo el 0,04 % de estas áreas protegidas tiene un manejo efectivo, ya sea mediante planes de manejo o administración.
En 2019, la Contraloría General de la República detectó que 10 de 13 parques y reservas marinas no contaban con un Plan General de Administración (PGA), instrumento que permite definir las actividades, acciones y programas a desarrollar en la zona. Además, respecto de las únicas áreas que contaban con un plan de administración aprobado por decreto supremo, esto es, las reservas marinas de La Rinconada, Isla Chañaral, e Islas Choros y Damas, no se acreditó la implementación de 22 de las 53 medidas de los PGA.
Otro ejemplo de las graves inconsistencias de nuestra legislación se ha dado en el sur de Chile debido a la instalación de la salmonicultura con especies exóticas en áreas de alto valor ecológico y social. En esta zona de nuestro país, conviven diferentes figuras de protección con la expansión de esta actividad económica, así como con sus conocidos y lamentables impactos ambientales y sociales, tal como ha sucedido al interior de espacios marinos protegidos de la región de Magallanes. Son emblemáticos, en este sentido, los casos del Parque Nacional Alberto D’Agostini y el de la Reserva Nacional Kawésqar, donde se han otorgado numerosas concesiones de acuicultura.
En cuanto a la protección del borde costero y sus humedales, existen también desafíos jurídicos y de gobernanza. Partiendo por contar con una legislación adecuada para nuestras costas, que considere la integridad de estos espacios, así como su importancia y los riesgos naturales y antrópicos a los que están expuestos. Este marco normativo debe permitir una planificación territorial real y sostenible, que sea vinculante para la toma de decisiones de otros instrumentos como el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por último, esta normativa debe permitir contar con esquemas de gobernanza local efectiva y participativa de quienes habitan el territorio.
En definitiva, la NDC de Chile de “blue” aún tiene poco. Hoy, en la conmemoración de un nuevo Día de los Océanos, esperamos una implementación pronta y adecuada de sus metas, considerando y resolviendo todos los desafíos aquí expuestos.
