Berta Isabel Cáceres Flores, una indígena hondureña laureada internacionalmente, fue una incansable luchadora en defensa del medio ambiente hasta que acabaron con su vida. Un tribunal hizo justicia el pasado jueves al condenar a siete de sus ejecutores.
Nacida el 4 de marzo de 1972 en la comunidad de La Esperanza, fundadora en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), junto a su entonces esposo, Salvador Zúniga, Berta se granjeó una reputación como defensora de la naturaleza que la llevó a merecer un prestigioso premio ambientalista, pero también a la muerte.
En su sentencia, el tribunal acreditó que dos pistoleros entraron a matarla a la medianoche del 2 de marzo del 2016 en su comunidad natal.
Cuatro sicarios fueron contratados por el gerente ambiental de Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez, en coordinación con el exjefe de seguridad de esa empresa, Douglas Bustillo, y un mayor del ejército, Mariano Díaz.
El tribunal de Honduras declaró culpables el jueves a los tres, y otras cuatro personas por el asesinato de Berta Cáceres.
Sin embargo, organismos humanitarios locales e internacionales advirtieron que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.
Los siete acusados arriesgan una pena de hasta 30 años por el ataque contra la ambientalista. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro quien resultó herido durante la agresión.
El tribunal fijó la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019.
“Es difícil decir que estamos satisfechos, pero por lo menos no han sido tan descarados como en otros casos. Por la presión de las organizaciones y el espíritu de Berta, que movió los corazones a nivel nacional e internacional, se ha ha comprobado el involucramiento de DESA”, destacó en declaraciones a la AFP Gustavo Castro, hermano de la ambientalista.
Castro añadió que seguirán la lucha para que caigan presos prominentes banqueros y empresarios socios de DESA.
“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales”, declaró el 20 de abril del 2015 al recibir el premio ambiental Goldman en San Francisco, California.
Al fundar el Copinh, Berta y Salvador daban un paso al frente para organizar a los indígenas lencas, una etnia de unos 400.000 miembros que viven en condiciones de pobreza entre los departamentos de Intibucá, Lempira y Santa Bárbara (oeste), en defensa de sus territorios, codiciados por compañías hidroeléctricas y mineras.
El Copinh se insertó en el movimiento social hondureño en favor de las reivindicaciones sociales y la defensa de la tierra.
La última lucha que emprendía la mujer, de baja estatura, cara redonda, ojos vivaces y abundante cabellera negra, era en defensa del río Gualcarque, en Santa Bárbara, contra la compañía DESA, que pretendía construir una represa hidroeléctrica.
En 2013 otra empresa terminó renunciando a una construcción en el mismo río, luego de masivas manifestaciones emprendidas por ella y el Copinh, en una de la cuales murió en junio de ese año a manos de un militar su compañero Tomás García.
La asesinada dirigente ambientalista elevó su voz de protesta a través de manifestaciones públicas y en todo tipo de foros dentro y fuera de Honduras.
“Despertemos humanidad, no hay tiempo! nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, demandó en su discurso al recibir el premio.
Después de una reunión con la relatora de los derechos de la Mujer de Naciones Unidas, Tracy Robinson, en abril de 2014, declaraba a la AFP: “se expuso (a la funcionaria) la persecución del Estado, que se solidariza con los capitalistas nacionales y las transnacionales que se están apropiando del agua y de nuestras comunidades”.
La dirigente indígena fue acusada por la fiscalía por portación ilegal de armas y ella se defendió ante los tribunales luego de que, según su denuncia, autoridades le pusieron un revólver en su vehículo para incriminarla.
“Me siguen. Me amenazan con matarme. Amenazan a mi familia”, había denunciado Cáceres luego de recibir el premio Goldman.
Por su denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había dictado medidas cautelares.
