Hasta la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados concurrió el director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), Rafael Loyola, para entregar su postura respecto al proyecto que reforma el Código de Aguas, ya aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos.
Sobre los planteamientos a la iniciativa, Loyola expresó que existen ciertas dudas e inquietudes en relación a preceptos legales que, como Asociación, consideran que pueden ser ambiguos.
En lo que se refiere a la temporalidad de los derechos de aguas no consultivos, afirmó que es necesario eliminar ese concepto y o reforzar la redacción para hacerlo compatible con el ciclo de desarrollo de proyectos. “Las centrales hidroeléctricas tiene un uso mucho mayor de lo que el proyecto señala de 30 años, incluso, hoy día, podemos ver centrales de más de 100 años funcionando”, aseguró.
Argumentó que, en lo que respecta al caudal ecológico, es necesario mantener la norma existente y reconocer que esta no puede ser aplicada a la situación de derechos constituidos con anterioridad al año 2005. Mientras que, en lo que dice relación a la constitución de derechos en zonas protegidas, esto debiera realizarse siempre y cuando cumplan con un estándar ambiental mínimo.
Por su parte, el titular de la Dirección General de Aguas, Carlos Estévez, aclaró algunas de las dudas expuestas por la Asociación y resaltó que, en lo que se refiere al caudal ecológico, hay un tema complejo de resolver y que se debe dar en la discusión del proyecto.
Respecto a la suspensión de plazo para la caducidad de los derechos de obras que no se realicen, Estévez señaló que existe la disposición para discutir dichas suspensiones, si es que se presentan causales objetivas en la discusión. “Ellos pueden, como cualquier ciudadano, hacerle llegar a distintos parlamentarios sus inquietudes, para que evalúen si la introducen como indicación o no al proyecto”, evaluó.
Derechos
En cuanto a los derechos de aguas que se disponen en el proyecto, el director de Aguas indicó que el legislador puede definir las condiciones que le parezcan pertinentes respecto a cómo entregarlos de ahora en adelante.
“Lo que hace la ley es que puede establecer restricciones al ejercicio del derecho y, si estas restricciones afectan la esencia de este derecho, se consideraría expropiatorio, pero lo que se plantea aquí son restricciones temporales al ejercicio del derecho, es decir, ante la falta de agua, ante la escasez de recursos hídricos se pueden establecer un conjunto de normas de ese tipo”, puntualizó.
En tanto, el presidente de la Comisión, diputado José Pérez (PRSD), manifestó que durante la sesión se lograron aclarar muchas dudas que, una vez que finalice el proceso de indicaciones correspondiente, no dejarán disconforme a nadie. Asimismo, aclaró que, si bien la Asociación tiene una visión de la iniciativa, la Comisión tiene observaciones similares que se harán en las indicaciones que sean presentadas.
“Yo creo que todo el mundo va a quedar conforme, pero no podemos coincidir en que aquellas personas que tienen un derecho de agua solicitado y que, a través de años, no han hecho absolutamente ninguna obra y que está a nombre de ellos por décadas, siga a nombre de ellos sin que se haga ninguna obra. Esa gente no puede continuar haciendo uso abusivo de un recurso que no ha utilizado”, manifestó.
Finalmente, agregó que, en este momento de escasez hídrica es cuando más se debe cuidar el agua como un recurso que es de todos los chilenos y que debe atender, en primer lugar, a las necesidades del ser humano, enseguida lo que dice relación con el medio ambiente y en última instancia si se puede utilizar, además, como recurso para generar energía hídrica.
