Por Pamela Poo, coordinadora de política y regulación de Chile Sustentable.
Este martes 17 de diciembre se vota en segundo trámite constitucional el proyecto de ley de agenda pro-inversión (boletín 11747-03) en las comisiones unidas de Medio Ambiente y Economía en el Senado. El proyecto ha sido cuestionado, ya que el gobierno de Piñera lo ingresó como una propuesta de ley meramente económica, con el fin de acelerar procedimientos que faciliten la inversión modificando distintos cuerpos legales referentes al agua y a la evaluación de impacto ambiental.
En su paso por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la mayoría de los temas ambientales fueron retirados por el ejecutivo ante el cuestionamiento de la oposición o rechazados por los integrantes de ésta, ya que las modificaciones propuestas fueron duramente cuestionadas por los parlamentarios, quienes manifestaron que el proyecto debilitaba lo ya garantizado por la actual ley. Sumado a lo anterior la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, solicitó numerosas veces estudiar el proyecto, lo que fue denegado permanentemente.
Ya en el Senado, en segundo trámite, el gobierno insistió en reiteradas ocasiones que el proyecto sola y únicamente debía pasar por la Comisión de Economía. Ante la constante insistencia por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el gobierno accedió a que lo revisara, destacando que tenía que ser una revisión expresa sin discusión en solo una sesión. Ante un inminente rechazo del proyecto de ley en la Sala de Sesiones del Senado, el gobierno se abrió a conformar una comisión unida de Medio Ambiente con Economía para resolver los puntos en discrepancia.
Si bien las comisiones unidas han rechazado algunos de los textos que atentan contra el medio ambiente aún quedan disposiciones que afectan profundamente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): la eliminación de los requisitos legales para evaluar ambientalmente las distintas centrales de generación de energía, como por ejemplo las termoeléctricas.
Específicamente, se elimina el mínimo de generación de 3 MW por sobre el cual todo proyecto de central de energía debe ser evaluado ambientalmente y se deja toda la regulación a un reglamento fácilmente modificable que dependa de los intereses del gobierno de turno. Es decir: el proyecto de ley pro-inversión genera una regresión o retroceso en los estándares ambientales chilenos, ya que se elimina un requisito legal para evaluar ambientalmente a los proyectos energéticos para dejar toda la regulación sustantiva a un cuerpo normativo infra-legal que es el reglamento. Es más, todos los proyectos de generación de energía deberían ser evaluados, y no dejarlos al arbitrio de según la magnitud o los impactos de los mismos, sobre todo ante la emergencia climática y ecológica que se presenta en los distintos territorios.
La propuesta del gobierno de Piñera no provee realmente un complemento o mejora respecto del criterio ambientalmente vigente: lejos de complementar la ley para darle más robustez como política pública, la debilita al eliminar los requisitos vigentes, argumentando que los “entes técnicos como el Ministerio de Energía y el Servicio de Evaluación Ambiental se encargarían de hacer un reglamento que considere los tipos de tecnología, sus impactos, distinguiendo entre energías renovables y no renovables”.
Si algo nos ha enseñado la historia ambiental y social chilena, es que con la fe pública tan dañada y los distintos abusos políticos y empresariales, no podemos dejar en el reglamento cuestiones que son vitales para poder evaluar los proyectos de inversión, sobre todo si se busca dar en algo certeza jurídica para la ciudadanía o proporcionar justicia ambiental a las comunidades afectadas por los proyectos.
Por lo tanto, será la ciudadanía organizada la que deberá observar como las comisiones resuelven dicha temática si a favor o en contra del medio ambiente, ya que el ejecutivo tomo su decisión, priorizar la inversión al costo que sea, un lujo que la mayoría que será afectada por los proyectos no nos podemos dar y menos quienes nos representan en el Congreso Nacional.
