La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió dos procedimientos sancionatorios contra Flores y Cía S.A. y el sistema colectivo ReSimple Domiciliario por incumplimientos asociados a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP). Ambos procesos se iniciaron el 21 de octubre y se encuentran en curso.
En el caso de Flores, el organismo formuló un cargo gravísimo por no contar con un sistema de gestión autorizado desde 2023, pese a su condición de productor de envases y embalajes. La investigación comenzó tras una denuncia ciudadana y fiscalizaciones que identificaron que la compañía introdujo al mercado más de 2.135 toneladas de estos materiales entre 2022 y 2025, sin acreditar un sistema individual ni su incorporación a uno colectivo.
A ello se suman un cargo grave por incumplir las obligaciones que le corresponden como consumidor industrial de residuos de envases y embalajes, y otro leve por no inscribirse en el Sistema de Reporte de la Responsabilidad Extendida del Productor en esa calidad.
Respecto de ReSimple Domiciliario, la SMA formuló un cargo grave por incumplir las metas de recolección y valorización de 2024 en cuatro subcategorías: cartón para líquidos, metales, plásticos y vidrio. El procedimiento se sustenta en la revisión del informe final de cumplimiento presentado por el propio sistema.
Los resultados reportados quedaron por debajo de los porcentajes exigidos:
| Tipo de residuo | Resultado informado | Meta 2024 |
|---|---|---|
| Cartón para líquidos | 1,14% | 8% |
| Metal | 0,21% | 9% |
| Plástico | 1,64% | 6% |
| Vidrio | 6,17% | 15% |
En cuanto a las eventuales sanciones, las infracciones gravísimas pueden recibir multas de hasta $8.658 millones (10.000 UTA); las graves, de hasta $4.329 millones (5.000 UTA), y las leves, de hasta $866 millones (1.000 UTA). Estos montos son aproximados y se calcularon según el valor de la UTA de octubre de 2026, fijado en $865.812 por el Servicio de Impuestos Internos.
Ambos titulares disponen de plazos ampliados de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, contados desde su notificación. Los procedimientos siguen en curso y aún no se han aplicado sanciones.
