Obtener un permiso en la Dirección General de Aguas (DGA) puede tomar hasta 40 meses. Un estudio de la Kennedy School de Harvard sobre los 50 mayores proyectos mineros aprobados en Chile (2014-2019) calcula que un proyecto complejo demora en promedio 138 meses (11,5 años) hasta operar, y que la mayor demora ocurre después de la evaluación ambiental, en los permisos sectoriales, donde la DGA es la agencia más lenta y la que más rechaza: hasta 53% en obras hidráulicas mayores.
Pero los permisos son solo el síntoma más visible. La DGA es responsable de once macro funciones hídricas, desde otorgar derechos de agua hasta fiscalizar extracciones ilegales y producir información pública, y su desempeño conjunto va a la baja: el Banco Mundial lo calificó con nota 2,6 sobre 5 en 2013; en 2020, un panel de expertos de la Mesa Nacional del Agua repitió el ejercicio y el promedio cayó a 2,2. En fiscalización, por ejemplo, en 2023 se cursaron apenas 726 multas por infracciones al Código de Aguas, una cifra que la propia DGA reconoce insuficiente frente a la escala del problema.
Parte de esa caída se explica por una brecha crónica de recursos. En 2014, el Banco Mundial calculó que la DGA necesitaba entre 43% y 69% más presupuesto para cumplir sus funciones. Chile tardó diez años en llegar a esa cifra: recién en 2024 el presupuesto real, ajustado por inflación, alcanzó ese techo. Pero llegamos tarde: en el intertanto la DGA sumó nuevas atribuciones por la reforma al Código de Aguas, y ahora una Unidad de Desalación completa, así que volvimos a quedar al debe justo cuando el mandato creció.
El problema de fondo no es solo de recursos: es de integración. Al menos diez instituciones públicas comparten competencias sobre el agua, dispersando recursos y duplicando funciones. Un ejemplo concreto: hoy tanto la DGA como la Dirección de Obras Hidráulicas realizan estudios de cuencas en paralelo y actúan como doble filtro en algunos mismos permisos, lo que no aporta mayor seguridad y sí agrega meses de tramitación. Mientras ese trabajo no se integre bajo una institucionalidad que lo articule, el diagnóstico seguirá repitiéndose, y tampoco avanzaremos hacia un mejor entendimiento entre un Estado que crece en atribuciones para custodiar el ejercicio de los derechos de agua y privados que buscan mayor libertad para ejercerlos.
Hay pasos que la propia DGA puede dar ya, sin esperar una reforma mayor: un task force externo para liquidar el stock de permisos represados; una Unidad de Proyectos que una la evaluación ambiental y sectorial, hoy dispersa en varias áreas; el uso de peritos externos que ya habilita el Código de Aguas; una plataforma digital con IA; y una unidad de gobierno de datos que asuma la recolección, curaduría, almacenamiento y difusión de la información hídrica. Son medidas necesarias y, en parte, ya en marcha. Pero ninguna sustituye la tarea pendiente: integrar el trabajo de las demás instituciones del Estado que hoy gestionan el agua cada una por su cuenta.
La conclusión no es paralizar la modernización de la DGA mientras se resuelve el diseño institucional completo, sino avanzar en ambos frentes a la vez. De lo contrario, seguiremos leyendo el mismo diagnóstico con distintas fechas en la portada, y los proyectos que Chile necesita seguirán esperando más de una década para arrancar.
