Chile ha dado un paso importante en la modernización de su sistema de permisos y autorizaciones con la publicación de la Ley N° 21.770, conocida como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Esta norma surge como respuesta a un diagnóstico ampliamente compartido: la tramitación de proyectos en Chile ha sido históricamente compleja, fragmentada y lenta, con duplicidades normativas, falta de coordinación entre instituciones públicas y una burocracia que dificultaba tanto la inversión como la gestión ambiental eficaz.
El objetivo de esta nueva ley es armonizar, simplificar y hacer más predecible el sistema de permisos que afecta a diversos sectores productivos, incluyendo aquellos con incidencia ambiental.
Principales novedades: eficiencia y responsabilidad compartida
Entre las principales innovaciones destacan:
- Tipología unificada de permisos: se establecen categorías comunes (autorizaciones de localización, de proyecto y de funcionamiento), permitiendo un lenguaje y criterios homogéneos entre los distintos servicios públicos.
- Técnicas habilitantes alternativas: en algunos casos, será posible reemplazar la autorización previa por mecanismos como avisos o declaraciones juradas, bajo responsabilidad del titular y con fiscalización posterior.
- Tramitación paralela: se permite que ciertos permisos puedan gestionarse simultáneamente, reduciendo de forma significativa los plazos administrativos.
- Silencio administrativo: si un órgano no responde dentro del plazo legal, el permiso podría entenderse otorgado o rechazado automáticamente, según el tipo de procedimiento.
- Creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, dependiente del Ministerio de Economía, para coordinar a los servicios públicos y monitorear los plazos.
- Plataforma digital única (“SUPER”), que centralizará la información y permitirá trazabilidad y transparencia en los procesos.
Estas medidas buscan reducir los tiempos de tramitación hasta en un 70 % en algunos casos, sin disminuir los estándares ambientales ni sociales.
Expectativas y desafíos de implementación
La promulgación de la ley ha generado expectativas positivas tanto en el sector público como en el privado. No obstante, su éxito dependerá de cómo se implemente en la práctica.
- Coordinación real entre organismos: la ley promueve un trabajo interinstitucional, pero esto requerirá cultura de colaboración, interoperabilidad de datos y coherencia técnica entre servicios.
- Capacidad tecnológica y humana: la efectividad del sistema digital dependerá del presupuesto, formación y capacidades de los equipos encargados de su operación.
- Fiscalización robusta: las técnicas habilitantes alternativas implican trasladar parte de la carga de control hacia etapas posteriores. Será clave mantener una supervisión eficaz y oportuna para evitar riesgos de incumplimiento.
- Implementación gradual: algunas disposiciones entrarán en vigor de manera progresiva, por lo que será esencial un monitoreo continuo de su aplicación.
La gran interrogante que deja la Ley 21.770 es si será capaz de mantener el equilibrio entre eficiencia administrativa y rigurosidad ambiental, dos valores que históricamente han tendido a tensionarse en la práctica regulatoria chilena.
Por un lado, la simplificación y coordinación de permisos es una demanda legítima del sector productivo, que durante años ha enfrentado procesos largos, redundantes y, en ocasiones, inconsistentes entre instituciones. Reducir la “permisología” no solo mejora la competitividad, sino que también puede fortalecer la confianza en la institucionalidad pública, siempre que la eficiencia no derive en desregulación.
Por otro lado, la experiencia demuestra que los avances en tramitación digital o en ventanillas únicas no bastan por sí solos para garantizar resultados ambientales de calidad. La celeridad debe ir acompañada de trazabilidad, fiscalización efectiva y transparencia, de modo que los plazos más cortos no impliquen menos control ni menor evaluación técnica.
El desafío, entonces, radica en implementar esta ley bajo una lógica de “eficiencia con contenido”, en que cada permiso simplificado conserve su sustancia ambiental, y donde los mecanismos alternativos (como el aviso o la declaración jurada) sean usados con responsabilidad y supervisión adecuada.
Si se logra este equilibrio, la Ley 21.770 no solo mejorará la gestión administrativa, sino que también podría convertirse en una pieza clave para fortalecer la gobernanza ambiental chilena, integrando principios de buena administración, transparencia y sostenibilidad.
En ese sentido, el verdadero éxito de esta reforma no se medirá en la cantidad de días que se reduzcan los plazos, sino en la calidad de los proyectos que se aprueben, la confianza que se genere entre las partes y la capacidad del Estado de fiscalizar con eficiencia y equidad.
