Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra como una instancia para reflexionar sobre el impacto del ser humano en el planeta y generar acciones que contribuyan a reducir nuestra huella de carbono. Sin embargo, en el contexto actual hay poco que celebrar y mucho por hacer.
Esta semana, el secretario general de Naciones Unidas, reiterando los hallazgos del Informe sobre el Estado Global del Clima 2020, elaborado por la Organización Meteorológica Mundial, alertó que el mundo debe reducir antes de 2030 en un 45% el nivel de las emisiones que tenía en 2010. Es decir, la urgencia es evidente y la situación empeora año a año. De hecho, de acuerdo al mismo informe, los últimos seis años fueron los más calurosos de los que se tienen datos, y ni la desaceleración económica por la pandemia, ni el Acuerdo de París han logrado frenar la emergencia climática ni su cada vez mayor impacto.
Por su parte, hoy 22 de abril, es también el día en que celebramos la entrada en vigencia del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Este tratado versa sobre los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, siendo además, el primer tratado a nivel mundial que aborda precisamente la situación y protección de los y las defensoras de la Tierra.
Es decir, esta nueva conmemoración del Día de la Tierra puede marcar un hito para América Latina y el Caribe, al ser el comienzo de la implementación de un nuevo instrumento regional que aportará y obligará a los estados a realizar esfuerzos colectivos para lograr mayor democracia y justicia en la toma de decisiones con impacto ambiental y a dar protección a quienes trabajan para evitar el deterioro de la Tierra. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente y que Escazú es solo el inicio de un camino de cuyo fin es la aplicación efectiva de estándares mínimos de transparencia, participación y justicia ambiental en la toma de decisiones públicas.
Para que esto sea realidad se necesitan más comunidades y personas empoderadas en sus derechos, con acceso a espacios amplios de toma de decisión, junto con mejores marcos regulatorios y mecanismos de cumplimiento robustos a nivel nacional. También necesitamos equilibrar las fuertes asimetrías de información, poder y presiones que se dan entre los diferentes actores en la toma de las decisiones con impacto ambiental y social. Asimismo, se requiere generar contextos más seguros para el desarrollo de la defensa del medio ambiente en esta región tan peligrosa, entre otros elementos.
A la fecha, Chile se ha negado a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, pese a haber impulsado su negociación desde 2012 y de haber liderado el proceso junto con Costa Rica. Es decir, Chile no es parte del grupo de los 12 países miembros del acuerdo, -entre ellos, Uruguay, Argentina, México y Panamá- a los cuales hoy se les comenzarán a aplicar sus obligaciones. Esto significa que Chile se resta por ahora de participar de las primeras deliberaciones y conferencias de las partes, a aportar en la creación de órganos subsidiarios y de seguimiento, de compartir los avances de los otros países en la materia, aprender de sus experiencias y recibir las recomendaciones.
No obstante, Chile puede en cualquier momento revertir esta pésima señal y decidir adherir a este tratado, para asumir mejores compromisos en materia de democracia ambiental y derechos humanos. Las demandas de la ciudadanía por mayor transparencia y participación, así como de acceso a la justicia ambiental lo piden a gritos. La vulneración a estos derechos es transversal a los conflictos socioambientales que se relacionan con decisiones en proyectos de inversión y seguramente, estos derechos estarán en el centro de la discusión constitucional que se avecina en nuestro país.
Por todo esto, la pregunta que surge en este contexto es: ¿Qué espera Chile para comprometerse frente al mundo y a nuestra región para proteger los derechos de los defensores de la Tierra?
