Los parques nacionales son áreas generalmente extensas, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la biodiversidad del país, no alterada significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse y donde la flora y la fauna o las formaciones geológicas son de interés educativo, científico o recreativo. Se pretende la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, la continuidad de los procesos evolutivos y la realización de actividades de educación, investigación y recreación compatibles con lo anterior.
Los parques nacionales tienen una categoría de protección jurídica formal de rango legal. Actualmente, son supervigilados por el Ministerio del Medio Ambiente y administrados por Conaf. A pesar de su protección, los parques nacionales en ocasiones se ven afectados por intervenciones antrópicas, como la tala de 40 individuos adultos de araucaria por brigadistas de Conaf en el Parque Nacional Nahuelbuta, o la falta de agua del Río Claro que secaba el Parque Nacional Radal Siete Tazas el 2012, y que recuperó su caudal normal frente a la denuncia del desvío de las aguas y las diligencias de la Fiscalía de Molina, o el incendio que afectó 17.600 hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine el 2011 y 2012, y que se encuentran en plena regeneración natural.
Aún cuando la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una recomendación de la OCDE desde el 2016 para Chile, señalando en los próximos pasos “Aprobar con prontitud la ley sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y garantizar recursos financieros y humanos suficientes para su ejecución”, el proyecto de ley que crea el servicio contempla artículos que contravienen el objeto de conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural del país. Entre estos, el artículo 70, de modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado; el artículo 83, de concesiones en áreas protegidas del Estado; el artículo 96, de concesiones sectoriales; y los dos últimos incisos del artículo 110, que permiten excepciones para las prohibiciones en áreas protegidas.
Estamos en un momento crítico como país y como sociedad global, en el que es urgente que cuestionemos la voluntad de perpetuar la relación depredadora con la naturaleza que ha imperado los últimos dos siglos de civilización. Los parques nacionales surgen para resguardar estos patrimonios naturales de esta actitud depredadora. Asegurar su protección y preservación parece entonces una acción conveniente de mantener en el presente y en el futuro. No parece conveniente, por lo tanto, permitir actividades que atentan contra su integridad y continuidad.
Tenemos en nuestras manos la posibilidad de iniciar una nueva relación, protectora y promotora de la regeneración de la naturaleza. Podríamos promover el bienestar de todas y cada una de las personas que habitan los territorios mejorando la conectividad ecológica y ecosistémica con estrategias de restauración a escala de paisajes, priorizando la restauración ecológica de los ecosistemas de agua dulce donde sea necesario. Estrategias como esa permitirían la provisión de agua de calidad, asegurando la capacidad de producir alimentos y de desarrollar economías locales sostenibles en los territorios, actuarían como reservorios de carbono, disminuirían la vulnerabilidad frente a desastres y regularían el clima a nivel local y global.
Una sociedad protectora de la naturaleza transformaría las prioridades del país, reconociendo que la naturaleza es requisito para nuestra propia subsistencia. Con una sociedad protectora de la naturaleza, las actividades humanas se desarrollarían inmersas en una matriz natural. En un escenario como ese, nos encontraríamos en una mejor posición para enfrentar los desafíos ambientales, sociales y económicos actuales y futuros.
