Primero fue el diputado francés Alexis Corbière, quien esta semana le pidió a su presidente, Emmanuel Macron, que suspenda su participación en la cumbre mundial de cambio climático (COP25), mientras “el Ejército siga en las calles” de Santiago. Macron es uno de los principales aliados del presidente Sebastián Piñera en el tema climático y uno de los pocos mandatarios que ya confirmó su presencia para la inauguración de la cita en diciembre.
Ayer, la senadora Ximena Rincón le solicitó a Piñera “humildad” y que le pidiera a Costa Rica -organizador de la Pre COP- que acoja al mega evento que supone a más de 30 mil personas -entre delegaciones, prensa y sociedad civil- deambulando por la ciudad durante dos semanas.
Si bien el ministro de Medio Ambiente de ese país, Carlos Rodríguez descartó “cualquier posibilidad de organizar la COP” y que espera, según declaró a Ojo al Clima, que el “evento transcurra con normalidad”, la caótica situación que está viviendo Chile -ampliamente difundida por medios internacionales- ha levantado la duda: ¿Puede el país alojar la COP en diciembre?
El gobierno ha descartado de plano cualquier posibilidad de suspensión, tanto de la COP, como de la APEC, que será en el 16 y 17 de noviembre y en la cual se esperaba la presencia de líderes mundiales como Vladimir Putin, Donald Trump y Xi-Jingpin. “Seguimos adelante con la planificación de ambas cumbres, lógicamente adecuándonos a las circunstancias”, dijo ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera.
El equipo de la COP25 continúa trabajando en el evento, pero con un profundo conflicto social. Si la COP se llegase a suspender, sería una situación completamente inédita en la historia de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Lo que más parecido fue en 2017, cuando bajo la presidencia de Fiji, y por los costos económicos que supone la cumbre, se decidió hacerla en Bonn, Alemania, en la sede de la Convención.
Esa decisión, sin embargo, se tomó un año antes. Ahora, falta apenas un mes y una semana para la cumbre, y las más de 30 mil personas que vendrán ya tienen listos pasajes y estadía, lo que supone un gran problema logístico.
No existe una normativa clara sobre cómo actuar en un caso así, donde un país sede repentinamente no está en condiciones de alojar la cita. Una posibilidad puede ser que la cumbre se posponga, y se haga o en Chile o en Bonn, manteniendo la presidencia chilena. De todas formas, sería un descalabro inédito, tanto para Chile como para las negociaciones internacionales en cambio climático.
Alcalde de Cerrillos pide más seguridad para el recinto
Arturo Aguirre, alcalde de Cerrillos, comuna que alojará la COP25, en conversación con Qué Pasa, no descarta la suspensión del evento: “Yo estoy triste y agobiado, porque la cumbre climática iba a ser un bálsamo fundamental para avanzar hacia una cultura armoniosa con el medioambiente. Pero sinceramente no creo que el resto del mundo quiera venir a Chile con soldados y muertos en las calles, con el peligro que supone a sus propios delegados. No podemos tener tropas en las calles para esa fecha”.
Aguirre dice que la pelota la tiene el gobierno. No solo en desmilitarizar la ciudad, sino en “garantizar al mundo que tendremos un país reconciliado”.
El alcalde descarta que se hayan producido enfrentamientos entre encapuchados y la policía en las inmediaciones del Parque Bicentenario, donde se está construyendo el recinto, pero advierte que es un lugar completamente desprotegido. “Todos sabemos lo que está pasando en el país, con los desmanes. El Estado tiene que asegurar la protección de la sociedad y también que estas instalaciones continúen su trabajo. Y tengo que levantar la voz con esto, porque sería terrible que vándalos entraran. Si eso pasa ahí va a ser la propia ONU la que va cuestionar la COP”, asegura.
¿Se arriesga el gobierno a hacer la COP?
Para Lucía Dammert, experta en seguridad, es muy difícil predecir cómo seguirá el pulso de la movilización en diciembre, pero advierte que la COP supone mucha sociedad civil, organismos internacionales y activistas ambientales que vendrán a Chile.
“Esta movilización debate el modelo de desarrollo y de ahí cae de lleno el reclamo respecto a la propiedad del agua y el desarrollo extractivista. Lo que no puede hacer el gobierno es reprimir como lo está haciendo hoy, pero con cientos de activistas internacionales en la calle. Eso sería el fin del legado internacional del presidente”, asegura.
Si bien es difícil mantener los altos niveles de movilización que vemos hoy por más de un mes, Dammert cree que “si esto no se resuelve bien, la COP puede ser el momento ideal para que resurja la fuerza del movimiento”.
Para el analista internacional Raúl Sohr, con las condiciones actuales el presidente Piñera no puede “dar garantías de orden, especialmente cuando dice que el país es un oasis y a los pocos días declara la guerra y saca los militares a la calle”.
Sohr cree que tanto la COP como la APEC “tienen mala cara”, precisamente porque la imagen internacional del presidente Piñera se han deteriorado esta semana.
Parlamentarios y sociedad civil
La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, advierte que “la COP no puede realizarse con los militares a cargo de la seguridad de nuestras ciudades”.
La parlamentaria valora a la COP como la instancia para avanzar en una solución de la crisis climática, pero dice que “es urgente que la cumbre sea un espacio que cuente con las garantías mínimas de deliberación, participación ciudadana y movilización social, que no se cumplen en estado de excepción y restricción a derechos básicos”.
Para el diputado RN Sebastián Torrealba, “el gobierno ha tomado una decisión correcta al mantener la COP25”. Asegura que hoy las prioridades del país están en una agenda social y ahí entra la agenda medioambiental, “donde es la clase medio la que se ve directamente afectada por los efectos del cambio climático. No podemos seguir tapándonos los ojos frente a estos problemas, es una obligación abordarlos”.
El ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, afirmó en Twitter que “no es el momento” de bajar la COP y advirtió sobre grupos que piden que se cancele porque “en el fondo la acción climática les incomoda”. El líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, pidió ayer que no se realicé ni la COP ni la APEC.
Ayer también se pronunció la Sociedad Civil por la Acción Climática, grupo, que representa a distintas organizaciones de la sociedad civil, que pidió a la comunidad internacional “presionar al gobierno de Chile para que la COP25 se realice en un Chile donde se respete la democracia y las garantías constitucionales”.
En la misma línea, el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, asegura que “un estado de excepción como el que estamos viviendo hoy, con múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, no entrega las garantías de seguridad suficientes para hacer valer el derecho de todo ciudadano de protestar y expresarse pacíficamente”.
“Es de máxima relevancia que el gobierno y las autoridades competentes velen porque esta conferencia tenga lugar en nuestro país, en un escenario de paz y acuerdos sociales”, afirma Asún.
Desde la Cumbre de los Pueblos -cita organizada por movimientos sociales y que será paralela a la COP-, Eduardo Giesen, de la organización Viento Sur, cree que hoy Chile “no ofrece las garantías para la cumbre, sumado a que el gobierno chileno no es quién para liderar un proceso de enfrentamiento al cambio climático”.
Otras organizaciones internacionales, como la Climate Action Network, que agrupa a cientos de organizaciones alrededor del mundo, aseguraron a Qué Pasa que están siguiendo con mucha atención lo que pasa en Chile y están evaluando qué acciones tomar.
