Este jueves 20 de enero finaliza el plazo para ingresar iniciativas populares de norma a la Convención Constituyente, las cuales son un mecanismo de participación ciudadana que funciona a través de proposiciones de personas o grupos de personas, respecto a párrafos o artículos completos para integrar en la próxima carta magna.
Las propuestas deben ser ingresadas al sitio web de la Convención, y para llegar a ser discutidas y eventualmente votadas por los constituyentes es necesario reunir al menos 15 mil firmas de apoyo, de por lo menos cuatro regiones distintas.
Actualmente hay más de 1.200 iniciativas disponibles para conocer y apoyar en la plataforma digital de participación. Entre estas, hay un número significativo de propuestas que se relacionan con la preservación y conservación del medio ambiente. A continuación te presentamos algunas de las más destacadas en esta materia.
El derecho a la energía limpia, libre de combustibles fósiles y producida en base a energías renovables no convencionales (Iniciativa Nº 7.418, propuesta por Pablo Contrera O)
La política energética ha sido reformada, el uso de ERNC es una política de Estado con principio constitucional y como un derecho fundamental, el desarrollo económico y social del país se concierta con su respaldo en una matriz energética limpia y amigable con el medio ambiente, el reemplazo de combustibles fósiles es progresivo y su desaparición completa cierra su larga historia en la producción de la energía en Chile. Los ciudadanos y habitantes han obtenido acceso a energía proveniente de los medios productivos más inocuos que la tecnología ha creado hasta ese momento, desapareciendo el consumo de combustibles fósiles y consigo efectos negativos como la producción de dióxido de carbono y otros contaminantes.
Como principio: El Estado promoverá sus actuaciones observando cuando sea pertinente, el uso, fomento y sustento en una matriz energética compuesta mayoritaria y progresivamente por el aprovechamiento de las energías renovables no convencionales. Como derecho fundamental: El derecho a una matriz energética libre de todo combustible fósil.
Superación del modelo forestal. Protección de la biodiversidad, gobernanza y sustitución del extractivismo por una economía para el buen vivir (Iniciativa Nº 50.506, propuesta por Coordinadora Nahuelbuta Biobío Constituyente)
Creemos que una planificación territorial participativa vinculante y una gobernanza integral de hábitats humanos, procesos productivos y áreas, ecosistemas y biodiversidades locales; una mayor diversificación de los tipos de propiedad, de procesos productivos y de formas y escalas de la economía; y el énfasis en la protección del agua y la naturaleza son imprescindibles para superar las características actuales del modelo forestal chileno, y lograr que sea sustituido por procesos productivos socioecológicamene sostenibles que garanticen la protección de los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y el derecho a un Buen Vivir.
Gestión del riesgo de desastres como pilar para el cumplimiento de los Derechos Humanos y sostenibilidad (Iniciativa Nº 20.754, propuesta por Fundación Inteligencia para la Gestión del Riesgo de Desastres)
Cuando la población conoce los riesgos a los cuales están sometidos sus territorios, participa activamente en la prevención de estos, interactúa con las autoridades en procesos participativos y corresponsables, y al mismo tiempo, sabe que hacer, al momento de enfrentar una situación de desastre.
Necesitamos profundizar la comprensión del riesgo de nuestro país, tanto en términos científicos como institucionales y culturales. Comprender nuestras capacidades, vulnerabilidades y las amenazas a las que estamos expuestos y la relación dinámica entre éstas, considerando que tenemos alta exposición a amenazas de origen geológico (volcanes, terremotos, tsunamis), hidrometeorológicos (inundaciones, marejadas, sequía), biológico (bacterias, virus, insectos ponzoñosos) y tecnológicos (generadas por el desarrollo humano).
Frente al escenario de riesgo del país, el Estado, con sus limitaciones, es incapaz por sí solo de llevar a cabo una gestión integral del riesgo de desastres. Este proceso requiere de un Sistema Nacional, que involucre la participación de todos los actores disponibles en la gestión del riesgo de desastre. Esto implica cambiar la visión reactiva y tardía que hoy tenemos, por una gestión prospectiva y correctiva del riesgo, que favorezca la prevención y preparación, que reduzca las vulnerabilidades y aumente las capacidades del país.
Se requiere garantía constitucional de la participación en los procesos de planificación en la gestión del riesgo de desastres, bajo una mirada de corresponsabilidad, que integre la participación de la ciudadanía y los actores locales -comunidades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones territoriales y funcionales descritas en la Ley 20500, entre otras-, al voluntariado, la academia, el sector privado y las organizaciones permanentes del estado. Cabe mencionar que la actual legislación (2021) ha minimizado la participación de la sociedad civil organizada.
Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el meido ambiente y los desafíos del cambio climático (Iniciativa Nº 20.654, propuesta por Compromiso Minero)
Para Compromiso Minero, el Chile ideal del futuro sigue siendo líder mundial en minería, una actividad en crecimiento que, a través del encadenamiento productivo, impulsa el desarrollo de otros sectores productivos, siempre con pleno respeto del medio ambiente y siendo factor clave de avance social del país.
Los empleos en minería continúan siendo altamente atractivos, seguros, con alta cobertura de negociación colectiva y con buenas prácticas de inclusión que han llevado la participación femenina a un nivel similar al promedio nacional.
La minería es apreciada por las comunidades en donde se desarrolla, con las cuales crea espacios de colaboración y valor agregado; constituyendo el único sustento en algunas comunas y aldeas alejadas.
La minería chilena sigue comprometida con la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la lucha contra el cambio climático, habiendo logrado contribuir al abastecimiento mundial de minerales asociados a tecnologías verdes.
Chile está en la dinámica de la “minería verde”, produciendo minerales con altos estándares socio-ambientales, baja en emisiones de GEI y pionera en el desarrollo e implementación de la electromovilidad en sus actividades. Múltiples son las iniciativas relacionadas con el hidrógeno verde que cuentan con la activa participación del sector minero.
El país está pronto a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como una real y efectiva descentralización, todo con la contribución relevante del sector minero.
La minería es un catalizador fundamental para el tránsito desde una economía basada en los recursos naturales hacia una de la tecnología y el conocimiento. La búsqueda de soluciones a desafíos productivos sectoriales ha generado las capacidades para contribuir al desarrollo tecnológico, al emprendimiento, a la mejora de competencias laborales y a la innovación en otros sectores económicos, siendo fundamental su aporte para la acción climática nacional y global.
Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares (Iniciativa Nº 40.230, propuesta por Articulación por las Aguas, los Derechos de la Naturaleza y los Glaciares)
La Naturaleza, la Pacha Mama o Ñuke Mapu es sujeta de derechos cuya vigencia y defensa son asumidas por una Defensoría de la Naturaleza pública, autónoma y plurinacional. El agua dejó de ser una mercancía y es sujeto de derecho en el marco de los Derechos de la Naturaleza; ha sido recuperada para los ecosistemas y los pueblos; hay efectivo cumplimiento de los derechos humanos al Agua y respeto para la dignidad de las personas con especial consideración por habitantes de territorios rurales, periurbanos e indígenas, y el abastecimiento proviene de aguas continentales.
En la satisfacción del Derecho al Saneamiento habrá especial la protección para las labores de cuidado, y necesidades de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, en situación de discapacidad, migrantes, entre otros.
Se habrá creado una institucionalidad integral del agua que redistribuirá y otorgará licencias de uso de agua no comerciables; temporales y revocables, a partir de un diagnóstico integral de las cuencas realizado en etapas por una Comisión Técnica posibilitando la recuperación, restauración y regeneración de los ecosistemas.
Se han iniciado esos procesos de recuperación de la crisis hídrica, de los territorios en sacrificio debido a la usurpación de las aguas y sobreotorgamiento de derechos; la restauración de ecosistemas dañados se está llevando a cabo y la regeneración de los cuerpos de agua está teniendo lugar. El manejo de las cuencas se realiza de forma comunitaria y plurinacional, con una organización democrática relacionada con la institucionalidad de manera colaborativa y deliberante.
Los glaciares y el sistema criosférico al que pertenecen, están siendo protegidos y monitoreados y se ha detenido su destrucción ya que la sociedad y las comunidades comprenden su rol y asumen que los glaciares son ingestionables, incomerciables e insustituibles, manteniéndose los derechos al uso ancestral de los pueblos originarios y campesinos.
Bioconstrucción, construcción en armonía con la vida (Iniciativa Nº 42.806, propuesta por Gremio Bioconstrucción Chile)
El Estado debe promover, capacitar y facilitar el derecho a una vivienda sana, digna y ecológica con pertinencia territorial. Que potencie y permita la bioconstrucción basada en los materiales locales, desarrollada mediante la innovación y el rescate de técnicas constructivas ancestrales. Poniendo énfasis en modelos de construcción comunitarios autosustentables, autosuficientes y adecuadas para la salud de sus habitantes.
Esto se logrará mediante políticas públicas que promuevan el uso de materiales locales y naturales; perpetuando la tradición y difusión de técnicas constructivas ancestrales, generando autonomía y conocimiento de cómo saber construir en comunidad.
El cambio de paradigma en la construcción se enfoca en beneficiar la calidad de vida de las personas, su salud y la protección del medio ambiente, aspectos fundamentales para un país que establece su desarrollo en base a servicios ambientales, sociales y económicos que benefician a todos los miembros de la comunidad sin afectar los sistemas naturales, construidos y sociales. El desarrollo sostenible de un pais será exitoso si considera en su avance un equilibrio entre el ser humano y el hábitat, respondiendo a la demanda humana de cobijo garantizando la protección del medio natural, estableciendo como base fundamental la salud y el equilibrio de la vida, la protección ambiental, el aumento de la eficiencia energética, beneficiando el uso de materiales y técnicas constructivas eco-coherentes y siendo consecuentes con la huella ecológica de los proyectos constructivos. Como resultado de estas medidas , se espera una mayor gama de viviendas saludables, que colaboran en armonía y bienestar del hombre y la naturaleza, asegurando una conciencia colectiva de lo que significa habitar viviendas sanas y dignas, con identidad cultural, respetuosas del medio ambiente y con condiciones que aportan a una vida saludable.
Sujetos, no objetos (Iniciativa Nº 3.694, propuesta por Alianza por los Derechos Animales)
En la actualidad de nuestro país los Animales No Humanos, en adelante ANH, son considerados «bienes muebles semovientes», es decir, objetos, mediante el artículo 567 del Código Civil, por lo que en su calidad de objetos carecen de sus inherentes derechos, lo que ha permitido su clasificación como propiedad y una vulneración a sus derechos básicos. Por lo que, se busca solucionar mediante el reconocimiento de sus intereses y derechos.
Nuestra solución ideal se plantea mediante la propuesta constitucional «Sujetos No Objetos», que expone el reconocimiento de los ANH como «Sujetos de Derechos», es decir, que sean dotados a nivel jurídico de intereses y derechos. Por lo que, ante este reconocimiento toda norma legislativa deberá ajustarse a él, en virtud del «Principio de Supremacía Constitucional».
Una Constitución Ecológica para enfrentar la crisis climática (Iniciativa Nº 45.658, propuesta Sociedad Civil por la Acción Climática)
Es necesario establecer un preámbulo que recoja algunos de los principios constitucionales más relevantes. Dicho preámbulo deberá ser robusto, pero simple, de manera que refleje las aspiraciones colectivas y se ajuste a la evolución social de los valores de un Estado.
▪ Debe establecerse expresamente un enfoque o visión ecocéntrica, que permita considerar una universalidad de sujetos de derecho (no solo humanos) y garantizar el principio de equilibrio ecológico. Con ello, integrar en la noción de bien común el bienestar ecológico y la solidaridad intergeneracional. Ello se expresa en el principio general y fundamental del buen vivir, que llevará además a una protección de las funciones ecosistémicas y la consideración de los grupos vulnerables o históricamente subrepresentados.
▪ El establecimiento de los principios que estructuran la democracia ambiental, consagrando los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
▪ Considerar un principio regenerativo (que va más allá del desarrollo sostenible, pero lo incorpora) y de no regresión, el que asegurará todos los demás principios constitucionales ambientales que se establezcan.
▪ Que la acción del Estado resguarde y garantice la creación de asociaciones sociales intermedias, colectividades, comunidades, organizaciones, etc., que permitan
la agregación de opiniones de la ciudadanía y la consecuente acción colectiva. Esto derivaría en la posibilidad de establecer derechos colectivos y fortalecer a la comunidad organizada y resiliente, todo lo cual es fundamental en la acción ambiental.
▪ Otras orientaciones son los principios de bienestar, equidad, empatía y sostenibilidad.
La conservación ambiental como función pública, la educación ambiental y el deber de la sociedad de cuidar la naturaleza (Iniciativa Nº 15.470, propuesta por Así Conserva Chile)
Incluir la educación ambiental en el currículum nacional de educación, lo que daría herramientas para que la sociedad pueda cumplir con un deber establecido en la Constitución, en donde se le exija tanto al Estado como a los ciudadanos y ciudadanas, el deber de cuidar el medio ambiente, haciendo una modificación al artículo 19 n°8. Este deber se tiene que entender amplio, incluyendo aquí a empresas o personas jurídicas sin fines de lucro, es decir, un deber de la sociedad en su conjunto para su propio beneficio y el de los otros seres vivos, ecosistemas y elementos de la naturaleza. Esto podría crear un círculo virtuoso en donde se fomente la profesionalización y tecnificación de áreas ligadas a construir conciencia ambiental. Tal vez no estaríamos tan lejos de que en las universidades se creara la carrera de Pedagogía en Educación Ambiental o que en los Centros de Formación Técnica existieran los técnicos y técnicas en Educación Ambiental. Como vemos, impulsos desde el Estado son necesarios para poder inculcar no solo una cultura de derechos sino que también de deberes.
Por otra parte, el Estado debe fortalecer el ejercicio de la función pública de la conservación a través de incentivos y apoyos, los cuales no deben estar establecidos necesariamente en la constitución si no en normas inferiores ,a las cuales la carta magna puede otorgar un marco de principios que las guie.
Al mismo tiempo creemos necesario seguir fomentando la creación de áreas protegidas, tanto públicas como privadas, frente a la gran presión que tienen los ecosistemas y a la falta de representación de los mismos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).
Creemos que estos puntos son importantes para crear una cultura de la conservación de la naturaleza desde el ejercicio de derechos pero también de deberes para las y los ciudadanos.
Estado como garante de calidad y cantidad de áreas verdes urbanas por habitante (Iniciativa Nº 13.138, propuesta por Carlos Arriagada).
Cada municipio debe propender a que su comuna logre el estándar nacional de superficie de áreas verdes por habitante con una distribución equitativa en el territorio, que no haga distinción entre los diferentes barrios. Para ello, resulta indispensable garantizar constitucionalmente este derecho para que cada uno de los habitantes del país, que residan y/o trabajen en sectores urbanos puedan gozar de áreas verdes de calidad, y en la cantidad recomendada.
Con ello, se abre la posibilidad de generar modificaciones a la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, acorde a las necesidades sociales y medioambientales actuales, en las cuales se ha demostrado los diferentes beneficios y servicios ecosistémicos que las áreas verdes y el arbolado urbano generan hacia las personas y otros seres vivos que habitan en las ciudades.
Algunos proyectos de ley que han intentado subsanar, en parte, problemas relacionados a la cantidad y calidad de las áreas verdes urbanas en el país, corresponden al Proyecto de Ley que “Regula el diseño de plazas urbanas y establece un porcentaje mínimo de áreas verdes que deben contener” (Boletín Nº 14.213-12, ingresado en el año 2018 en la Cámara de Diputados) y el Proyecto de Ley sobre “Arbolado Urbano e Infraestructura Verde” (Boletín Nº 14.213-12, ingresado en el año 2021 en el Senado). Sin embargo, ambos se encuentran detenidos prácticamente sin avances, y por otra parte, ninguno de los ellos va al fondo del problema, que es garantizar que los sectores urbanos dispongan, en su totalidad, de áreas verdes suficientes para el cumplimiento del estándar recomendado por el CNDU.
La situación ideal sería, sin duda, que cada comuna del país pudiera contar con un nivel de áreas verdes públicas sobre esta recomendación y que no existan las diferencias que hoy ocurren entre comunas y dentro de ellas.
Para patrocinar una propuesta se debe inscribir con la ClaveÚnica del Registro Civil. Cada persona puede apoyar hasta siete iniciativas.
