Por Carlos Estévez, director general de Aguas (DGA).
El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. El gobierno de la Presidenta Bachelet ha impulsado acciones concretas para enfrentar la gestión del agua, como las reformas al Código de Aguas y la creación de los Servicios Sanitarios Rurales, iniciativas que ya se encontraban en trámite legislativo.
La ley de Servicios Sanitarios Rurales compromete al Estado con la gestión de los Comités y Cooperativas Rurales no sólo para el acceso al agua potable, sino también el saneamiento. Esta ley fue promulgada el 6 de febrero de 2017 por la presidenta.
El segundo proyecto de ley de reforma al Código de Aguas, que venía discutiéndose desde 2011, persigue un equilibrio entre el derecho humano de acceso al agua y saneamiento con la preservación ecosistémica y el desarrollo productivo.
Se consagran los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento por sobre otros usos, estableciéndose un conjunto de disposiciones que fortalecen este principio; se profundiza la función ecosistémica de las aguas, prohibiéndose la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en glaciares, en áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad y en acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales andinos desde Arica a Coquimbo, entre otras disposiciones. Además, se establece el principio de sustentabilidad del acuífero, protegiéndose las aguas subterráneas cuando la explotación de éstas produzca una degradación del acuífero que afecte su sustentabilidad, facultándose la limitación temporal de las extracciones. En aguas superficiales, se faculta a la Dirección General de Aguas para redistribuir las aguas entre las secciones altas y bajas de un río que se encuentre seccionado y a solicitud de una de las juntas de vigilancia.
También se consideran medidas para precaver y sancionar la tenencia ociosa y especulativa de derechos de aprovechamiento, para que éstos sean devueltos a la sociedad y redistribuidos a quienes sí lo necesiten. Por último, busca facilitar que los derechos ancestrales de agua puedan ser efectivamente regularizados con un trámite sencillo y de modo colectivo por las Organizaciones de Aguas (juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas).
Finalmente, otra reforma al Código de Aguas, también votándose en el Senado, tiene relación con mejorar la transparencia en la información, aumentar las facultades fiscalizadoras de la DGA y la cuantía de las sanciones que hoy se aplican, a fin de que violar la ley, perjudicar los derechos de terceros y dañar la sustentabilidad de los acuíferos, dejen de ser recurrentes.
También se ha considerado la inversión en infraestructura, ya llevamos 14 pequeños embalses hechos que aumentan en 19 mil las hectáreas de riego y benefician a 2.700 agricultores a los que se sumarán otros pequeños y grandes embalses en construcción.
Más allá de la acción del Estado, también se requiere la participación de la ciudadanía para avanzar en el cuidado del agua, no sólo hoy, sino que todos los días.
