Por Carlos Finat, director Ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera).
En enero de este año los lectores del New York Times pudieron leer con sorpresa una carta firmada por un distinguido grupo de economistas, en la que se hacia un llamado urgente a iniciar una acción climática pronta y efectiva mediante la implementación de un impuesto a las emisiones de CO2.
Los firmantes de la carta eran 27 premios Nobel, cuatro expresidentes de la Reserva Federal, 15 expresidentes del Council of Economic Advisers y dos ex Secretarios del Departamento del Tesoro, todos de U.S.A. En resumen, lo que ellos planteaban a la sociedad son cinco puntos, que pueden revisarse en https://www.econstatement.org/. De esos cinco puntos, hay dos que son especialmente aplicables a nuestro país.
En primer lugar, sostienen que el impuesto al carbono es la palanca más efectiva, en costo, para reducir las emisiones de carbono a la escala y velocidad necesarias. El informe del IPCC del año pasado reduce la meta de alza máxima de la temperatura a 1,5 °C, y establece que para limitar este aumento el mundo debe reducir sus emisiones en un 45% al año 2030, logrando cero emisiones netas para 2050. Por lo tanto, no cualquier medida es aplicable, ya que no solamente importa el monto de la reducción, sino que es igualmente importante el plazo limitado con que contamos para hacerlo y, en ese sentido, el impuesto verde es la mejor opción.
Segundo, los economistas afirman que un impuesto al carbono debería aumentar cada año hasta que se alcancen los objetivos de reducción de emisiones. En el caso chileno, el impuesto al carbono no solamente no se aplica a todas las fuentes de emisión de CO2, sino que además su monto es muy bajo. Lo anterior tiene como consecuencia que la reducción de emisiones que se puede esperar es menor al dos por ciento de las emisiones totales del sector eléctrico. Bajo el esquema actual, el aumento del monto del impuesto resulta inefectivo. Un estudio independiente realizado por profesores de la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibañez, muestra que si el impuesto se subiera a 30 US$/tonCO2, su efecto sería reducir las emisiones en un 8%. En cambio, si se aplicara correctamente, incluyéndolo en el costo variable de las centrales emisoras, con 30 US$ / tonCO2 su impacto podría llegar a reducir las emisiones en un 64%.
Todo lo anterior significa un llamado urgente para que se modifique a la brevedad la metodología de aplicación del impuesto y para que se defina una senda de aumento hasta alcanzar un valor que sea más representativo de los efectos negativos de las emisiones. Al respecto, diversas fuentes, incluyendo al Ministerio de Desarrollo Social de nuestro país, coinciden en que un monto razonable se encontraría en torno a los 30 US$/ton.
El reciente anuncio del retiro de un 20% de la capacidad instalada de centrales a carbón es un momento propicio para comprender al alcance e importancia de las externalidades negativas de ese tipo de centrales y, por tanto, avanzar hacia la reducción de las emisiones de CO2, para lo cual el impuesto verde debidamente aplicado es la herramienta más adecuada.
