HidroAysén: «Resolución del Comité de Ministros fue discriminatoria»

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Duros cuestionamientos lanzó la empresa HidroAysén al actuar del Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet.

 

La empresa, en la que son socias las eléctricas Endesa y Colbún, presentó ayer una apelación ante el Tribunal Ambiental de Santiago, con el objeto de impugnar el acto administrativo que dio pie a la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto en junio de este año, es decir, dejó nulo su permiso ambiental otorgado en 2011. 

 

HidroAysén calificó la determinación del ente interministerial -liderado por el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier- de ilegal, abusiva, arbitraria y discriminatoria.

 

Con esto, la empresa busca seguir manteniendo vivo el proyecto hidroeléctrico que busca desarrollar en los ríos Pascua y Baker en Aysén. 

 

Más aún, la empresa hace alusión a los cuestionamientos que habían planteado las actuales autoridades de gobierno antes de asumir, las que señalaron que la iniciativa era inviable.

 

“Así, nadie realmente esperaba un resultado distinto en este procedimiento, ni siquiera argumentos distintos”, dice la reclamación presentada por HidroAysén y que firman los abogados Mario Galindo y Gonzalo Cubillos, además de Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo del joint venture.

 

En la impugnación administrativa, HidroAysén también crítica la dilación del gobierno de Sebastián Piñera al momento de convocar tardíamente al comité, afirmando que “es especialmente preocupante que pasados tres años de interpuestas las reclamaciones administrativas respecto de la RCA, las únicas resoluciones dictadas en estos procedimientos recursivos hayan dilatado aún más la resolución de fondo”.

 

Adicionalmente, el escrito manifiesta que el gobierno anterior no tomó en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema, que “ratificó la plena legalidad de la RCA del proyecto HidroAysén, rechazando todos los recursos de protección deducidos” en contra de la central por un grupo de opositores.

 

Según las conclusiones presentadas por la empresa al Tribunal Ambiental, la determinación del primer comité encabezado por Badenier y que anularon el pronunciamiento anterior, no buscaba restablecer la legalidad o el procedimiento de evaluación a la vía institucional -”como se ha declarado públicamente en repetidas veces”, recalca-, sino que simplemente forman parte de una estrategia administrativa para cerrar procedimientos administrativos que se encontraban sin resolver en un plazo indebidamente prolongado, precisa.

 

Además, HidroAysén afirma que al interior del Servicio de Evaluación Ambiental siempre se ha considerado -con la sola excepción de HidroAysén- que las reclamaciones administrativas dan origen a varios procedimientos administrativos nuevos y distintos, que se resuelven en su propio mérito.

 

“En conclusión, el argumento central de la resolución representa una solución artificiosa creada discriminatoriamente por el Comité de Ministros (…) nunca antes aplicada, y que es errónea ante el derecho y falaz frente a los hechos”, expresa la compañía que busca impugnar todas las determinaciones tomadas por el Comité de Ministros del actual gobierno.

 

“En conclusión, por un lado, en el presente caso no concurre motivo alguno que permita proceder a la invalidación de los acuerdos adoptados por el Comité de Ministros del 30 de enero de 2014 y, por otro, existen poderosas razones (…) que demuestran que, aún cuando el vicio denunciado existiera, obligan a conservar los actos administrativos en cuestión, pues de otro modo, se afectaría una de las bases del Estado de Derecho, cual es la certeza jurídica”, expone la compañía que busca que se retrotraiga el proceso hasta la determinación del Comité presidido por María Ignacia Benítez, ex ministra de Medio Ambiente de Piñera.

 

Tras esta reclamación, HidroAysén se enfocará ahora en su próximo paso, el cual será ingresar una apelación al Tribunal Ambiental de Valdivia. En este recurso, el cual deberá ser presentado antes del 29 de agosto, la empresa buscará revertir la determinación de fondo del actual gobierno: acoger las reclamaciones de la comunidad que a la postre anularon el permiso ambiental obtenido el 13 de mayo de 2011.

 

De esta manera, la compañía -presidida por Joaquín Galindo, gerente general de Endesa- se la jugará por una apelación simultánea en sede ambiental, atacando el flanco administrativo y el ambiental de la determinación tomada por el Comité de Ministros del actual gobierno.

 

Fuente: Pulso

 

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