Autoridad fiscalizadora afirmó que en la industria, “no tiene que funcionar la política de que el golpe avisa”.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) está haciendo sentir con fuerza su rol fiscalizador a las empresas del sector. “Somos el regulador, ponemos los estándares de servicios para que las compañías cumplan. No estamos pegados a las firmas sanitarias, estamos en veredas separadas, aunque vamos por un mismo camino, porque queremos que el sector sanitario crezca; sin embargo, debe existir un rol diferenciado”, afirma el titular de la SISS, Ronaldo Bruna, quien cumplió 10 meses en el cargo.
En este marco, la Superintendencia cursó el año pasado un total de 100 sanciones contra las sanitarias, por un total de 9.885 unidades tributarias anuales (UTA), que equivalen a US$ 8,4 millones. Ese es el mayor monto desde que se tienen registros.
En valor, el 72,6% de las multas -que son apelables en tribunales- está asociado a problemas en calidad de servicio; el 13%, a incumplimiento de instrucciones, y otro 13,7%, a infracciones en planes de desarrollo. En 2010 se cursaron cerca de 200 sanciones, pero por un valor inferior a 4 mil UTA.
Bruna sostuvo que se ha reunido con todas la empresas del rubro desde su llegada a la SISS y recalcó que les ha transmitido que existen déficits en materia de infraestructura y servicios. “Si mantenemos las cifras de reposición de la red de agua potable, nos vamos a demorar 180 años en completarla y tardaremos 450 años en el caso del alcantarillado”, destacó.
La autoridad recordó que en agosto pasado solicitaron información a las empresas sobre sus planes para enfrentar emergencias. “Queremos saber qué pasa si se rompe una gran matriz, como ocurrió en Providencia (el año pasado), cuáles son los planes de gestión de riesgo, medidas para poder mitigar daños a la infraestructura y cómo anticiparlos. No tiene que funcionar la política de que el golpe avisa”.
Insistió en que “si la gestión se hace con la política de que el golpe avisa, cada vez que se rompa algo lo van a reponer, pero entre medio se cortó el agua y nosotros queremos evitar que se corte”. Por ello, se requiere también de inversiones nuevas, aseguró.
A nivel nacional, citó como ejemplo de reiterados problemas de roturas de redes las ligadas a Aguas Antofagasta, mientras que destacó positivamente los “planes innovadores” de Essbio y Esval en materia de servicio.
Buscando 48 horas de autonomía en la RM
Respecto del proceso sancionatorio ligado a Aguas Andinas tras los cortes de agua potable de fines de febrero pasado, por turbiedad en el río Maipo tras efectos de las condiciones climáticas, Bruna indicó que el tema está en proceso de análisis y los resultados podrían conocerse este mes.
Afirmó que le pidieron a Aguas Andinas analizar un proyecto para ampliar la autonomía del servicio de agua potable en caso de emergencias a 48 horas, desde las 32 horas que contempla el plan de inversión de la compañía, que estará listo en 2019.
“No nos quedamos tranquilos con los efectos del cambio climático. Si bien hace cuatro años los eventos más grandes habían sido de más de 20 horas, ahora son de 30 horas o más y debemos empezar a mirar a largo plazo”, sostuvo Bruna.
La autoridad indicó que están analizando con las diferentes comunas las zonas que más se vieron afectadas por los cortes de agua, para reaccionar de mejor forma en una futura ocasión. Asimismo, anticipó que para las próximas emergencias prevén disponer de bolsas especiales, con capacidad para cinco a siete litros, para que la gente almacene y traslade agua.
Sobre el polémico proyecto de ley -impulsado por diputados- que busca modificar aspectos claves del sector sanitario, como los límites de rentabilidad, entre otros, señaló que el Gobierno discrepa de algunos puntos y hoy está estudiando su admisibilidad o inconstitucionalidad. También podría derivar en un nuevo proyecto.
“Las multas son un incentivo para que las empresas tengan un comportamiento de acuerdo con la norma. A medida que se repiten las infracciones, las multas aumentan”.
Fuente: El Mercurio
