SMA fiscalizó residuos industriales de Corpesca en Puerto de Arica

En el marco de la ejecución del Programa de Fiscalización de instrumentos de gestión ambiental para el año en curso, la Superintendencia del Medio Ambiente junto a diversos organismos fiscalizadores, acudieron a inspeccionar los emisarios submarinos de la empresa.

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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), junto a profesionales de la Seremi de Salud y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), todos de la región de Arica y Parinacota, fiscalizaron los emisarios submarinos de la empresa Corpesca S.A., ubicada en el Muelle Corpesca, en la explanada norte del Puerto de Arica.

La actividad de fiscalización, se centró en utilizar el trazador químico “Rodamina WT” en los emisarios submarino de la empresa Corpesca S.A., que descargan residuos industriales líquidos (RILes) fuera de la zona de protección litoral (ZPL), con el objeto de verificar el desplazamiento del RILes en el cuerpo receptor (mar de jurisdicción nacional), y revisar también la estructura del emisario para descartar fisuras que permitan fugas de RILes dentro de la ZPL. Posteriormente, esta Superintendencia elaborará un informe de fiscalización para evaluar el cumplimiento normativo respectivo.

“La metodología de trabajo consistió en depositar 2 litros del producto Rodamina WT en la cámara de monitoreo de Riles para su descarga al mar a través del emisario, donde se obtuvieron grabaciones  y capturas  fotografías aéreas con el objeto de evidenciar el comportamiento de la pluma de dispersión del RILes y la posibles existencias de fisuras de la estructura del emisario”, señaló Tania González, Jefa de la Oficina Regional SMA de Arica y Parinacota.

Cabe recordar, que la Rodamina WT es un producto inocuo, aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA), y autorizado por la Gobernación Marítima según el Oficio Ordinario N° 12.600/68 SMA para estas actividades.

En tanto, cabe destacar que Corpesca ha sido cuestionada en varias oportunidades por su influencia en la discusión de proyectos de ley relativos a la pesca en el Congreso Nacional de Chile.

En 2002 los senadores Andrés y Adolfo Zaldívar fueron acusados de tener conflicto de interés para tramitar la Ley “corta” de Pesca, dado que ambos —y otros miembros de su grupo familiar— eran accionistas de Eperva S.A., filial de Corpesca.8

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