CodeXverde: La creciente sequía que se ha instalado en gran parte del territorio nacional, ha llevado a las autoridades de gobierno a buscar nuevos métodos de captación de agua; es así que antes de que finalice este año un informe que encargó el Ejecutivo deberá arrojar la factibilidad técnica sobre la instalación de una planta desalinizadora en la Región de Coquimbo.
Sin embargo, este punto también abre un arduo debate que ya se está empezando a generar, sobre el marco regulatorio que debe tener la legislación chilena por el cobro del acceso al agua salada, con el objetivo de que no ocurra lo mismo que con la entrega indiscriminada de derechos de agua dulce que permite el actual Código de Aguas.
La discusión la inició la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, Adriana Muñoz, quien si bien valoró que se esté empezando a construir voluntad política en el sentido de la necesidad de una planta desaladora para la Región de Coquimbo, hay complejidades en torno a ese tema. Uno de esos embrollos sería el tipo de energía que se utilice, y el otro tiene que ver con la legislación. “Debemos ver cuál va a ser el modelo de gestión, el marco regulatorio por el cual están accediendo al borde costero y al agua de mar, porque hoy día todas las plantas que se están construyendo en el norte de Chile están con el agua de mar gratis, los privados están invirtiendo en toda la tecnología que es bastante cara, pero están accediendo al agua de mar gratis. He introducido esta complejidad en el sentido de que el Estado de Chile tiene que entregar el agua de mar en forma de concesión, como lo tenemos que hacer con el agua dulce, que la hemos regalado desde el año 1981 a los privados”, señaló la parlamentaria.
Una mirada similar fue la que planteó el senador Jorge Pizarro, quien también integra la Comisión de Recursos Hídricos, al plantear que “es evidente que hay que adecuar la normativa para el uso de ese recurso porque así como el agua es un bien nacional de uso público siempre pensamos en el agua dulce pero también los es el agua de mar; hay que cuidar nuestros recursos y aprovecharlos bien y que esos recursos nos sirvan a todos”, indicó el congresista, quien añadió que en la Comisión se están tratando alrededor de 19 proyectos de ley distintos, “y es evidente que el Ejecutivo ya ha empezado a tomar cartas en el asunto para las modificaciones pertinentes”.
Por su parte, el presidente de la asociación de comités de Agua Potable Rural (APR) de Limarí, Manuel Mundaca, también tiene su opinión al respecto, pues son ellos una de las principales agrupaciones perjudicadas con la escasez del recurso hídrico, por lo cual exigen que deben ser parte de los beneficiados con una eventual construcción de una planta desaladora en la región. “Si es con fines agrícolas la apoyo. Ahora, si es por el tema de darle agua a las sanitarias para entregárnosla a nosotros en el mundo urbano yo no estoy de acuerdo, para eso tiene que invertir la empresa privada. Si ese ducto donde pongan la planta desaladora va a un tranque, por ejemplo, para los regantes, bien, pero si es para la empresa privada no, porque van a estar lucrando con platas del Estado”.
Fuente: www.elovallino.cl
